El narcotráfico pretenderá responder con amenazas e intimidación hacia los operadores de la justicia en el Perú en respuesta al ataque frontal del Estado contra sus organizaciones, estimó el representante de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Flavio Mirella.
«La manera más directa es a través de la aplicación de medidas violentas, también las amenazas y la intimidación hacia los operadores de justicia. Eso es lo más inmediato que se pueda ver. Eso se ha visto en otros países», dijo en declaraciones a la agencia Andina.
Sostuvo que estas organizaciones de narcotraficantes han recibido un «duro golpe» con el inicio de la desarticulación de sus mafias de lavado de activos, por lo que pretenderán reaccionar contra los operadores de la justicia que están cortando sus fuentes de financiamiento.
«Para darle un golpe duro al narcotráfico, había que quitarle los bienes y los dineros ilícitos que genera. Es una parte importante de cualquier estrategia contra las drogas ilícitas en cualquier parte el mundo», insistió. Según estimaciones oficiales, el ilícito negocio del narcotráfico permite el «lavado» de unos US$ 2 000 millones de dólares anuales en el Perú.
Consideró, asimismo, necesario que los jueces y fiscales tengan mayores prerrogativas para el levantamiento del secreto bancario, para dificultarle el refugio de sus dineros. Paralelamente, el Gobierno debe seguir impulsando el desarrollo de cultivos alternativos, que tiene el apoyo de Naciones Unidas, pues dijo ya existen productos que están dando a los campesinos un margen de ganancias que sobrepasan a la hoja de coca.
«Creo que la política de reducir los cultivos ilegales de coca a su mínima expresión es acertada y además viendo la progresión del año 95, cuando contábamos en este país con la mayor producción a nivel mundial, de más de 135 000 hectáreas, y ahora tenemos menos del tercio. Estamos hablando de un esfuerzo importante de parte del Gobierno y de la población en general», anotó.