El fiscal anticorrupción Rubén Jara Silva solicitó al Poder Judicial se condene a 12 años de pena privativa de la libertad al alcalde de la provincia de Leoncio Prado, Pascual Guzmán Alfaro, por la comisión de los delitos de colusión y omisión de actos funcionales por las irregularidades presentadas en el proyecto de agua potable y alcantarillado para el distrito Rupa Rupa, que actualmente se encuentra paralizado.
En la diligencia de control de la acusación fiscal donde estuvo INFOREGIÓN, el magistrado concluyó que están evidenciados los hechos del burgomaestre para favorecer una ilegal exoneración para la ejecución del proyecto, que fue dirigido hacia la empresa Ale Contratistas, para lo cual se coludió con los representantes de la misma, así como sus funcionarios en una serie de eventos irregulares.
Jara Silva señaló que los hechos demuestran las intenciones de Guzmán Alfaro, sus funcionarios y un regidor que también están comprendidos en el proceso penal que se les sigue en calidad de cómplices primarios del burgomaestre.
De acuerdo a la acusación fiscal, al alcalde se le debe sentenciar a 10 años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión y dos años por la omisión o rehusamiento de actos funcionales, así como cinco años de inhabilitación y 60 días multa.
Para sus cómplices primarios, los exfuncionarios Juan Robles Cotillo, Walter Espinoza, Roberto Olivas y Wilder Dávila, el fiscal solicitó la pena de ocho años de pena privativa de la libertad y cuatro años de inhabilitación.
Asimismo y en la misma calidad de cómplice primario, fue solicitada la misma pena para Fátima Bernabel Pineda, gerente general de la empresa Ale Contratistas.
Considerando la edad del actual regidor Aquiles Dávila Sánchez, quien se encargó de insistir en la exoneración por un acuerdo de Concejo, el fiscal pidió que sea sancionado con cuatro años de pena privativa e igual tiempo de inhabilitación. Además, dejó a consideración de la Procuraduría Pública el monto a exigir a los procesados por concepto de reparación civil.
A la audiencia no se presentó Pascual Guzmán Alfaro quien se hizo representar por sus abogados como ocurrió en todas las audiencias del proceso, como cuando pasó a la clandestinidad al haberse ordenado prisión preventiva por nueve meses, orden variada luego por comparecencia restringida.
REGIDORES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS SERÁN TESTIGOS
Para las demás diligencias que ordene el Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el fiscal pidió que se considere como testigos a otros regidores de la comuna provincial, quienes deberán manifestar su posición frente a los hechos denunciados, al igual que algunos funcionarios de la comuna local y el gerente general de Seda Huánuco.
JUICIO ORALSE INICIA EL 21 DE AGOSTO
En la audiencia de control de la acusación fiscal, la defensa de Pascual Guzmán efectuó algunas observaciones a lo actuado por el fiscal y pidió que antes de continuar el proceso sean absueltas o levantadas. El juez dispuso que en cinco días hábiles sean respondidas. Igualmente, resolvió que una vez sean levantadas las observaciones planteadas, se inicie la etapa que corresponde al juicio oral, fijando fecha para ello el 21 de agosto.