El Consejo de Ministros aprobó el pedido de extradición a Bolivia de Walter Chávez Sánchez, acusado de exigir «cupos de guerra» a dos empresarios peruanos para el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Con el alias de «camarada Enrique», envió en octubre de 1990 sendas cartas a los empresarios Freddy Villafuerte y Alfredo Benavides conminándolos a entregar un «bono de guerra» por no matarlos.
La Cuarta Fiscalía Superior Penal Nacional, que preside Luz Ibáñez Carranza, había solicitado su extradición por delito común contra el orden público, en la modalidad de terrorismo. Pero a pesar de estar procesado por este delito y haber confesado su responsabilidad, fugó a Bolivia obteniendo la condición de refugiado.
Cuando empezó el proceso de extradición, Chávez Sánchez pidió «licencia indefinida» al gobierno boliviano para dejar el cargo de asesor de comunicaciones de Evo Morales y enfrentar las acusaciones de la justicia peruana.
Filomeno Escobar, uno de los fundadores del Movimiento al Socialismo (MAS), agrupación liderada por Evo Morales, demandó su expulsión del país por «promover el enfrentamiento entre los bolivianos».