La Jefa del Programa de Derechos Humanos en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo, Imelda Tumialán, denunció otros cuatro casos de detenciones arbitrarias de ciudadanos por errores de identificación y lamentó que estas detenciones se repitan como consecuencia de errores de identificación cometidos por las autoridades de justicia.
Detalló la odisea vivida por Humberto Felipe Reyes Romero, un joven de 22 años del distrito de Magdalena detenido entre Lima y Cajamarca, en noviembre último, bajo la acusación de asalto y robo cometido en el caserío de Malca, distrito de Condebamba, Cajamarca, el 30 de agosto de 2002.
Precisó que en este caso ni la Fiscalía ni la Segunda Sala Penal de Cajamarca confirmaron los datos ni tomaron en cuenta la versión del co-acusado, quien sostenía que había un error en la identificación del verdadero acusado. Felizmente, y ante la intervención de la Defensoría, los administradores de justicia reconocieron que hubo un “error evidente” y lo separó del proceso el pasado 7 de enero.
Lo mismo sucedió con el caso del ciudadano Julio César Zuloeta Sánchez, detenido cerca de tres días acusado de tráfico de drogas, cuando el requerido por la justicia era en realidad César Zuloeta Sánchez.
Tumialán indicó que otras dos personas fueron detenidas porque sus nombres se parecen a los verdaderos requisitoriados. Una de ellas está acusada por delito de terrorismo por el Juzgado Mixto de Grau, en Abancay, y la otra por falsificación de brevetes en la jurisdicción de la Sala Penal de Huancayo.
La funcionaria mostró su preocupación porque se vienen incrementando el número de casos de error en la identificación de las personas en perjuicio del derecho a la identidad, y pidió poner mayor cuidado para no afectar a personas inocentes.
El año pasado se detectaron 20 casos de detenciones arbitrarias por identificación deficiente, entre ellos el emblemático caso de Nancy Jessica Solier Gonzales, una humilde mujer que nunca salió del país y que sin embargo fue detenida acusada de asesinar a una anciana en Argentina, un crimen cometido por la porteña Jessica Margareth Soulier, una ciudadana argentina buscada por la Interpol.