El testimonio de Carlos Butron Dos Santos, alias “Brasil”, hecho público unos días atrás a través de diversos medios de comunicación y de nuestra institución, ha tenido consecuencias importantes en el manejo del caso de los “narcoindultos”, llevando incluso–como ocurrió el domingo 23 de junio- a la detención preliminar del expresidente de la Comisión de Indultos y Conmutaciones de Pena por Razones Humanitarias, Miguel Facundo Chinguel, por decisión de la Fiscalía Supranacional Anticorrupción a cargo de Walter Delgado, detención que ha merecido el respaldo de los principales líderes del APRA, incluyendo al expresidente Alan García Pérez.
Sin embargo, tal como mencionara el presidente de la ‘megacomisión’ del Congreso que investiga el caso, el congresista Sergio Tejada Galindo, el testimonio de Butrón no es el único que avala la detención de Chinguel, sino que existirían otros “Brasil” que vienen testificando y dando cuenta de la manera en que la anterior Comisión de Gracias Presidenciales cobró cientos de miles de dólares para facilitar la salida de avezados delincuentes, incluso de bandas enteras de narcotraficantes, tal como quedó corroborado en un reciente informe del programa “Cuarto Poder”.
Pero lo que nadie ha dicho hasta el momento es si esta práctica terminó con Chinguel o, por el contrario, persistió como algo institucional hasta el actual gobierno. El siguiente informe muestra así que, a diferencia de lo que muchos creen, los cobros ilegales para el otorgamiento de conmutaciones también se mantuvieron hasta hace poco tiempo, y todo gracias a la protección brindada por altas autoridades del Ministerio de Justicia, quienes poco o nada hicieron frente a las denuncias de algunos trabajadores de que dichos cobros se siguieron realizando en penales como Lurigancho.
UNA DENUNCIA ACALLADA
A mediados del año 2011, cuando el gobierno nacionalista apenas iniciaba funciones y el tema de los “narcoindultos” ni siquiera se vislumbraba en el panorama político, dos facilitadores que trabajaban en la entonces Comisión de Gracias Presidenciales –Renato Dávila Asín y Alfredo Enrique Lizárraga- fueron informados, a través de un interno, que el entonces Coordinador de dicha Comisión en el Penal de Lurigancho, Manuel Huamán Montenegro, había sido su compañero de celda y que lo conocía desde que ejercía el cargo de delegado jurídico en su pabellón, mostrando su extrañeza por verlo trabajando en esa entidad cuando había sido sentenciado por narcotráfico.
Si bien el interno no les informó entonces de la gravedad de los delitos de Huamán, o de su participación en la Comisión Chinguel, tanto Dávila como Lizárraga consideraron que no era ético que aquél estuviera trabajando en la Comisión y menos que fuera el coordinador de la misma en Lurigancho, ya que dicho cargo le daba la facultad de elegir y seleccionar los expedientes de los internos, además de elaborar informes jurídicos y proponerlos ante la Comisión, dado que sus antecedentes podían llevar a cuestionar la transparencia en el otorgamiento de conmutaciones. Por ello, ambos optaron con comunicar de este hecho a la entonces secretaria técnica de la Comisión, la señora Noelia Gómez Paulet.
Sin embargo, en vez de prestar atención a esta denuncia, Gómez ordenó a los facilitadores dejar de asistir al penal los meses de agosto, setiembre y octubre de dicho año, alegando que la Comisión iba a entrar en reestructuración ante la entrada del nuevo gobierno. Empero, al regresar en noviembre al penal, Dávila y Lizárraga se sorprendieron al enterarse que, gracias a un acuerdo logrado con el recién nombrado Presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Oscar Ayzanoa Vigil, los delegados jurídicos de los penales se habían convertido en los encargados de recabar las sentencias y seleccionar los expedientes de solicitud de conmutación, lo que de acuerdo a las quejas de algunos internos estaba permitiendo que los delegados empezaran a cobrar por este servicio.
Nuevamente, Dávila y Lizárraga dieron cuenta de estos hechos a Gómez Paulet, la que tampoco se dio por aludida. Por el contrario, Lizárraga fue cambiado a otro penal, siendo reemplazado por Freddy Vilela Mijahuanca, trabajador que –de acuerdo a lo señalado por Dávila- no contaba con estudios superiores y tenía quejas por presuntos actos de chantaje sexual con internas del penal de Chorrillos. Por su parte, Dávila comenzó a ser constantemente hostigado en el penal, esperando cansarlo para que presentara su renuncia. Pero ello no quedó allí.
UN DESPIDO CON COLA
A fines de junio del 2012, tanto Dávila como Lizárraga fueron informados que Vilela Mijahuanca, junto con otro promotor de Lurigancho, John Herrera Trejo, los había denunciado ante la Secretaría Técnica de la Comisión a raíz de que uno de los internos del penal, Carlos Alberto Coba Rodríguez, se había acercado a sus oficinas quejándose que ambos le habían solicitado 800 nuevos soles en 2011 para agilizar sus papeles. Extrañamente, en esta ocasión Gómez Paulet no solo entrevistó personalmente al interno denunciante sino que ordenó abrir, con fecha 28 de junio, un proceso administrativo contra ambos trabajadores, además de denunciarlos penalmente el hecho ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima.
De acuerdo a la versión de Dávila, esta denuncia respondía a que, unas semanas atrás, éste había informado a Gómez Paulet que, de acuerdo a información recogida de algunos internos, tanto Vilela como Herrera Trejo se habían coludido para variar el informe psicológico de un interno de apellido Burgos Coronado, a fin de permitirle obtener la conmutación de su pena. Asimismo, en dicho informe ambos señalaban que Huamán Montenegro estaba mostrando un “interés particular” por las solicitudes de conmutación presentadas por sentenciados por narcotráfico, especialmente de aquellas que venían siendo denegadas, con el presunto objetivo de “mejorar” su rehabilitación y obtener un dictamen favorable para su salida.
Sin embargo, en vez de investigar estos informes, Gómez Paulet presionó a Lizárraga para que firme una carta de renuncia y sindique al primero como autor del presunto cobro a Coba, mientras que Dávila fue presionado por otro trabajador de la Comisión, José Vicente Candela, para que presente su renuncia voluntaria. Sin embargo, al no lograr este objetivo Gómez Paulet optó por presionar a otro trabajador de la Comisión, Raúl Quispe Santiago, para que manifieste, mediante un escrito firmado, que había visto que un interno “dejaba un sobre en el bolsillo del saco de vestir del señor Lizárraga”, esperaba fundamentar con ambos testimonios el despido de ambos trabajadores.
Lo que no esperaba Gómez Paulet es que Dávila solicitara el 2 de julio una entrevista con el entonces ministro de Justicia y hoy Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, para informarle de los hechos irregulares que venían ocurriendo en la Comisión de Gracias Presidenciales, siendo atendido finalmente por la entonces viceministra de Justicia, Edda Rivas Franchini y por el asesor ministerial Oscar del Río Gonzales. De acuerdo a Dávila, en dicha entrevista no solo informó con detalle el informe presentado contra Huamán Montenegro sino también otras irregularidades que estarían ocurriendo con la tramitación de conmutaciones, además de denunciar el acoso ejercido por Gómez Paulet en contra suya y de Lizárraga. Finalmente Dávila se retiró satisfecho de haber sido escuchado, esperando que la viceministra tome cartas en el asunto.
Estas cartas, sin embargo, no fueron las esperadas por Dávila: mediante Resolución Ministerial No. 0173-2012-JUS dictada el 3 de julio –esto es, apenas un día después de dicha entrevista- el ministró Jiménez declaró en reorganización administrativa la Comisión de Gracias Presidenciales, resolución que contenía dos aspectos cuestionables: en primer lugar, la resolución no fue publicada en el diario oficial ni en el portal web del Ministerio de Justicia; por otro lado, a pesar de los cuestionamientos presentados por Dávila contra Gómez Paulet en la reunión con la viceministra –reunión que fue comunicada al ministro Jiménez mediante Oficio No. 324-2012-JUS/VMJ- ésta fue mantenida a cargo de la Secretaría Técnica, y por tanto como la encargada de la custodia de la documentación correspondiente a dicha entidad, mientras que todo el resto de trabajadores fue suspendido y sometido a evaluación integral.
Curiosamente, de acuerdo al Informe No. 421-2012-JUS/OGAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica a solicitud de la Secretaría General del Minjus, la resolución que declaró en reorganización la Comisión de Gracias Presidenciales no fue hecha pública debido a que se trataba de un acto de “administración interna”, no pudiendo ser calificada como un acto administrativo que afectara “derechos o intereses legítimos” y, por ende, que pudiera ser impugnada por su falta de transparencia. Dicho informe parece olvidar así no solo que por el carácter normativo de la resolución ella debía ser publicada, así como el hecho de que la reorganización de esta entidad sí afectaba derechos legítimos de los internos cuyas conmutaciones se encontraban en trámite, por lo que es por demás sospechoso que la misma no fuera publicada.
Lo que sí ocurrió fue que, en el marco de esta “reorganización”, tanto Dávila como Lizárraga fueron finalmente despedidos de la Comisión, a pesar de que, por un lado, el interno Coba desvirtuó su presunta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, al igual que Quispe Santiago, por lo que el caso fue finalmente archivado ante la clara falta de pruebas. En otras palabras, tanto Dávila como Lizárraga fueron sometidos a un despido arbitrario por un acto de corrupción que nunca cometieron, mientras que los hechos de corrupción que fueron denunciados por éstos nunca fueron investigados.
MUCHO POR INVESTIGAR
Al iniciarse el caso de los narcoindultos, tanto Dávila como Lizárraga fueron envueltos en el mismo sindicándolos como parte del equipo que trabajó con Chinguel durante el gobierno aprista, hecho que deberá ser investigado por la fiscalía; sin embargo, lo que el presente informe quiere resaltar es que los hechos presentados aquí –todos los cuales surgen del proceso administrativo y penal abierto contra Dávila y Lizárraga- deben merecer una investigación más profunda aún, dado que involucran al gobierno actual. Dicha investigación deberá responder así preguntas como las siguientes:
– ¿Por qué la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, Noelia Gómez Paulet, no separó a Huamán Montenegro apenas fue puesta en conocimiento de su permanencia en dicha entidad? ¿O es que acaso ella sabía muy bien cuál era su pasado?
– ¿Por qué Gómez Paulet no informó de ello al Ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor o a otras autoridades del Ministerio de Justicia? ¿O sí lo hizo?
– ¿Por qué la hoy ministra de Relaciones Exteriores, Edda Rivas, no tomó medidas correctivas más claras una vez que fue informada por Dávila de lo que ocurría en la Comisión? En todo caso, ¿por qué se mantuvo a Gómez Paulet al frente de la Comisión en reorganización a pesar de las denuncias contra ella? ¿Y si Jiménez no fue informado de ello, porqué se optó por una reorganización integral de la Comisión de manera tan intempestiva?
Lo cierto es que los hechos presentados de Dávila dejan bien en claro que altas autoridades del Ministerio de Justicia –y por ende del gobierno actual- sabían de la presencia de Huamán Montenegro en la Comisión de Gracias Presidenciales desde mediados de 2011, y que no hicieron nada al respecto hasta que se desató el escándalo de los “narcoindultos”. Más aún, de acuerdo a la declaración de Dávila, otra de los abogadas de la Comisión, Magdalena Velez Villanueva, ya sabía desde mediados de 2011 que Huamán Montenegro había pertenecido a la banda de “Los Norteños”, a pesar de lo cual no se tomaron las medidas que el caso ameritaba.
Otro dato extraño por investigar es la escasa transparencia que tuvo –y sigue teniendo- la reorganización de la Comisión de Gracias Presidenciales. De acuerdo al informe jurídico antes aludido, dicho proceso tuvo una serie de irregularidades, dado que no se nombró desde un inicio una Comisión Reorganizadora, no se fijó un plazo para este proceso, no se incluyó un cronograma o plan de trabajo, no se garantizó la imparcialidad y transparencia del mismo, no se fijaron criterios para la reorganización del personal y, por el contrario, se incurrió en un maltrato laboral contra sus integrantes. ¿Cómo ocurrió ello en una gestión que busca preciarse por su transparencia e imparcialidad?
Existe, por tanto, mucho por investigar alrededor de este nuevo testimonio. Como señalamos en nuestro primer informe, aún estamos conociendo solo la punta visible de un iceberg que cada vez se presenta como mucho más grande, complejo y peligroso. Esperamos por ello que las investigaciones que ha iniciado el fiscal supranacional Walter Delgado lleguen a buen término, y no quede todo en una historia más de la impunidad que ha caracterizado a nuestro país.