La mañana del viernes 31, el Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional revirtió el pedido de la fiscal superior María Maguiña Torres de archivar el proceso por narcotráfico a los Sánchez Paredes y resolvió elevar el expediente a la Fiscalía Suprema Penal.
“La resolución es ejemplar. Revive el caso”, dijo la procuradora antidrogas Sonia Medina.
El dictamen se leyó en audiencia pública, cuando normalmente lo que se estila es darlo a conocer mediante notificaciones escritas a las partes.
El tribunal, presidido por el juez superior Luis Cevallos Vega e integrado por las magistradas Jackeline Yalán y Liliana Placencia, lo hizo de esa manera para garantizar la transparencia del proceso.
La defensa de los procesados hubiera preferido que fuera a puerta cerrada.
“Esto es un complot”, se quejó César Nakazaki, abogado de los acusados Orlando y Wilmer Sánchez Paredes.
EL CASO NO MUERE
En 50 páginas, la resolución judicial desbarata los argumentos de la fiscal Maguiña y cuestiona la actuación del Ministerio Público.
“Maguiña sustentó su pedido de archivamiento en dos proposiciones contradictorias”, subrayó el tribunal: que la denuncia inicial, del fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, en 2010, no concuerda con la figura penal de lavado de activos.
Y que no existe acreditación alguna para probar dicho delito.
“La fiscal falló a la regla elemental de la lógica”, dijo la Sala.
“Es decir, el dictamen de la fiscal opina expresamente por la atipicidad del hecho; empero al mismo tiempo considera que ese hecho no se encuentra probado. No puede ser, de ninguna manera, que un hecho sea y no sea a la vez”, concluye el dictamen del “Colegiado D”.
“El Ministerio Público no ha razonado debidamente la causa específica en la que sustenta el sobreseimiento del proceso”, añade.
Sobre el fondo del asunto, es decir la supuesta inexistencia de elementos probatorios del orígen ilícito de la fortuna, la Sala precisa que la fiscal Maguiña se basó en la opinión de 59 pericias e informes económicos, contables y financieros que exculpan a los procesados.
Pero el tribunal sostiene que estos documentos “tienen como base el informe pericial del economista Fabián Tume Torres”.
Y Tume es, nada menos, el perito de los Sánchez Paredes.
“Esto desnaturaliza la finalidad del elemento probatorio”, señala el Colegiado “D”. Toda vez que no contando con pericias presumidas de objetividad, imparcialidad y legalidad, cualquier valoración al respecto no cumple con el estándar de razonabilidad exigible para el caso”.
La Sala, además, deja constancia que Maguiña no valoró las múltiples pruebas e indicios recabadas por el Equipo Especial de Investigación de la Dirandro que determinó un desbalance patrimonial de los Sánchez Paredes ascendente a US$ 52 millones y que se presume proviene del lavado de dinero del narcotráfico.
Se trata de un expediente de 1 millón de folios, en el cual se basó la Fiscalía para acusar, en 2010, a Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes; los hermanos Fidel y Miguel Sánchez Alayo, así como también Blanca Sánchez Príncipe, hija del asesinado Perciles Sánchez, y el ex viceministro aprista Belisario Esteves Ostolaza.
La procuradora Medina sostiene que no hace falta elaborar más peritajes y alargar innecesariamente la instrucción. Lo que se busca es que las pruebas sean debatidas en un juicio oral, transparente y legítimo.
DECISIÓN SUPREMA
El voluminoso expediente Sánchez Paredes tiene numeración par (Exp. 0100), por lo que será visto por el fiscal supremo en lo penal Pablo Sánchez Velarde.
Dicho fiscal tuvo a su cargo la elaboración y sustentación de la acusación contra el Grupo Colina por el caso Barrios Altos, Pedro Yauri y el Santa por delitos de lesa humanidad.
También fue el fiscal acusador en el caso del tráfico de armas a las FARC que implica directamente a Vladimiro Montesinos Torres.
Sánchez Velarde debe definir ahora si el caso pasa o no a juicio oral.
Algunos colegas suyos esperan que su fallo sirva para “levantar” la imagen de la Fiscalía de la Nación, dañada profundamente por el insólito dictamen de la fiscal Maguiña y el comportamiento errático de quien fuera su superior, el fiscal Jorge Chávez Cotrina.
Para la procuradora Medina es una oportunidad para demostrar que existe un compromiso real de lucha contra el lavado de dinero.
“Si el fiscal Sánchez Velarde actúa con imparcialidad y valentía, habrá juicio oral”, sostiene: “todos los ojos están puestos en él” (Américo Zambrano).