Cesan a director de UGEL por no acatar fallo judicial sobre pensión de alimentos

El Jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco, Pier Paolo Marzo, informó que el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lauricocha, Crispín Albornoz Ortega, fue reemplazado debido a su reiterada desobediencia a un mandato judicial que lo obliga a descontar del sueldo del docente Josué Cárdenas Fabián, la pensión que le corresponde a su menor hijo.

El ahora exdirector de la UGEL Lauricocha venía desacatando la sentencia del Juzgado de Paz Letrado de Amarilis desde octubre de 2012 y se negó a explicar los motivos de su decisión, pese a los constantes requerimientos de la Defensoría del Pueblo. Ante dicha situación, funcionarios de la institución sostuvieron una reunión con el Presidente Regional de Huánuco, Luis Picón, en la cual éste informó que cesaría del cargo a Albornoz Ortega.

Mediante Resolución Directoral 833-2013-DRE/HNCO, se oficializó su cese, aunque con la modalidad de “renuncia irrevocable”, tras el inicio de una investigación a cargo del CADER de la Dirección Regional de Educación de Huánuco, por inejecutar la sentencia mencionada, no dar respuesta al requerimiento de información de la Defensoría del Pueblo y responder de manera grosera a un requerimiento telefónico.

En ese sentido, Marzo lamentó que, durante una conversación telefónica, este funcionario se refiriera en términos inapropiados y denigrantes a la madre del menor de edad afectado, Norma Yacolca Talavera, tras aducir que prefería que su personal “trabaje bien” antes de efectuar el descuento correspondiente a la pensión.

“Saludamos el cese de este ex funcionario que vulneró los derechos a la dignidad y no discriminación de una mujer. Esperamos que su sucesor disponga el inmediato descuento en favor del niño y, en general, cumpla cabalmente con sus obligaciones en favor de la educación de los niños y niñas de Lauricocha. Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestro compromiso de supervisar permanentemente a la administración pública y exigir el cabal cumplimiento de la ley para la defensa y protección de los derechos de las personas”, enfatizó  Marzo Rodríguez.