El fiscal Manuel Castro Sánchez prefiere no declarar sobre la investigación que realiza a diez policías que tendrían vínculos con el cártel de Sinaloa en México. En su oficina del jirón Carabaya 442, en el Centro de Lima, un empleado administrativo que trabaja con él nos dice que el proceso corre el riesgo de ser archivado si no acumulan las pruebas suficientes en contra de los agentes.
A eso, supuestamente, se dedica Castro desde mediados del año pasado cuando llegó a sus manos el escandaloso caso de narcotráfico que compromete a los efectivos de la Dirección Antidrogas (Dirandro). Mientras tanto, todos los implicados en esta red siguen trabajando en la Policía Nacional.
Velaverde revisó el informe final que elaboró el departamento de Contrainteligencia de la Dirandro y que comprobaría que los diez policías estaban involucrados en el envío de droga a México, burlando los controles del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El documento afirma que estos agentes cobraban al cártel entre 4 mil y 5 mil dólares por kilo de droga que llevaban los burriers mexicanos a su país.
Las averiguaciones de Contrainteligencia sobre esta red de narcotráfico empezaron a raíz del tiroteo entre policías mexicanos el 25 de junio del 2012 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La balacera se originó porque un grupo de policías federales montó una operación en el terminal para incautar la droga que provenía del Perú en el vuelo 019 de Aeroméxico.
El objetivo también era identificar a los burriers que operaban en complicidad con los efectivos. Les habían seguido la pista. Los burriers dejaban los cargamentos de cocaína en los servicios higiénicos ubicados antes de los puntos de control de droga y luego los policías recogían los paquetes para dárselos al cártel. Cuando los efectivos comprometidos notaron que iban a ser detenidos, dispararon contra sus colegas. Tres policías que habían descubierto la red murieron.
A la peruana
Al enterarse de lo sucedido, los agentes de Contrainteligencia peruanos indagaron si la organización mexicana incluía a policías nacionales. Llegaron a la conclusión de que, efectivamente, había efectivos involucrados junto a algunos empleados de limpieza del aeropuerto.
“Los intervenidos (burriers) indicaron haber recibido la droga en coordinación con autoridades en el aeropuerto de Lima, Perú, y entregarla (sic) en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En ambos casos la entrega y recepción se efectuaban en los servicios higiénicos de la sala de espera de los referidos aeropuertos”, indica el documento de Contrainteligencia.
Los policías implicados aprovechaban que tenían sus credenciales de la empresa Lima Airport Partners (concesionaria del aeropuerto) para llevar, a los baños de la zona de embarque, la droga adherida a sus cuerpos o en ‘canguros’ sin pasar por ningún control de seguridad, detalla a Velaverde un agente de Inteligencia del aeropuerto. “Con ese fotocheck podían recorrer todos los rincones del lugar. Nadie los podía revisar para ver qué llevaban consigo”, dice.
En los servicios higiénicos de la zona de embarque los policías dejaban la droga. Posteriormente los burriers –que ya habían pasado los controles– la recogían con disimulo y trepaban al avión.
“Después de la entrega, el agente llamaba al contacto en el cártel mexicano y le decía que estaba hecho el trabajo para que se lo comunique al policía en México y esté atento a la recepción”, explica el efectivo de Inteligencia que colaboró con las pesquisas. Como no había cámaras de seguridad en los baños, la red actuaba sin ser detectada.
De acuerdo al reporte de Contrainteligencia, entre enero y junio del 2012 los policías federales mexicanos hallaron 45,1 kilogramos de droga (heroína y clorhidrato de cocaína) en el Aeropuerto del Distrito Federal.
La droga estaba en equipajes y maletas abandonadas y escondida en los baños del terminal aéreo y de Aduanas. En todos los casos los estupefacientes llegaron en vuelos de Lan, Copa Airlines y Aeroméxico procedentes del Perú.
Investigados
Según fuentes de la Dirandro, cuando los policías involucrados se enteraron de que los investigaban, intentaron poner trabas a las averiguaciones. Incluso pretendieron esconder el informe de Contrainteligencia.
Pese a los obstáculos, la investigación fue enviada al Ministerio Público. Inspectoría de la Policía determinó que los implicados sean, solamente, rotados. Escandalosamente, muchos de ellos fueron ascendidos este año.
“Las investigaciones deben terminar en el ámbito penal. Si se determina que son culpables, se tomarán otras medidas en la Policía”, dice el inspector de la Policía, general Orlando del Águila, quien lleva dos meses en el cargo. Hasta la fecha no se cuenta con los reportes de operaciones financieras de los policías o sus familiares más cercanos.
Las averiguaciones de Contrainteligencia determinaron las responsabilidades y los nombres de los policías que estarían comprometidos con el cártel de Sinaloa. Estos son:
Mayor Edward Tapia Montalvo. Era el encargado del servicio y del personal de la División de Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirandro en el aeropuerto. Ahora es el jefe de la escolta del Ministerio de Cultura.
Capitán Carlos Peralta de la Peña. Coordinaba las entregas de droga con otros suboficiales. Aprovechaba su condición de oficial para llevar los narcóticos a los baños de la sala de espera del aeropuerto. Ahora trabaja en la División de Policía de Tránsito- Zona Este. Este año ascendió al grado de mayor.
Capitán Lenin Salas Hoyos. Utilizaba un teléfono Nextel para comunicarse con mexicanos y colombianos a quienes solía frecuentar en varios restaurantes del cono norte. Fue enviado a la comisaría de Huacho.
Teniente Daniel Chávez Ysique. Participaba de las reuniones con los mexicanos que iban a llevar la droga a su país. Se desempeña en el Escuadrón Verde y ascendió este año al grado capitán.
Suboficial Rivelino Huarachi Zamata. Habría camuflado los paquetes de clorhidrato de cocaína entre sus prendas para dejarlos en los baños de la sala de espera del aeropuerto. Labora en Servicio de Operaciones Especiales.
Suboficial María Guzmán Soto. Acusada de ser cómplice de los nexos con los burriers mexicanos. Trabaja en la comisaría de Santa Elizabeth.
Suboficial Fredy Rondinel Soto. Habría trasladado droga en ‘canguros’ para dársela a burriers en los baños. Tendría otras denuncias en Inspectoría. Se desempeña en la comisaría de Barboncitos, en San Martín de Porres.
Suboficial José Loayza Contreras. Habría ocultado la droga adherida a su cuerpo. Trabaja en el área de patrullaje de la comisaría de Santa Elizabeth.
Suboficial Susy Famán Casas. Acusada de complicidad. Trabaja en la Unidad de Patrullaje a Pie.
Suboficial Milagros Terrones Huamán. Acusada de complicidad. Trabaja en el Huallaga, en el departamento de San Martín (Ana Briceño).
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