En ese mismo proceso también fue condenado Salomón Bravo Dávila, ex funcionario de su gestión. De igual modo, César Paredes Ruiz, miembro de su grupo de confianza, quien recibió una pena de cuatro años de cárcel suspendida.
En la sentencia, la Segunda Sala Penal de Coronel Portillo fundamentó que el ex alcalde de Yarinacocha y sus ex funcionarios falsificaron documentos para la sustentación de gastos por más de 155 mil soles, durante el periodo 2000 y 2001.
Por esas consideraciones fueron además inhabilitados para ejercer cualquier función pública durante dos años y obligados a pagar 11 mil nuevos soles de reparación civil.
Al respecto, el procurador adscrito a la Procuraduría Anticorrupción, Juan Cabrera Ninamango, apeló la reparación civil impuesta por la Segunda Sala Penal porque considera que dicho monto es “irrisorio” en comparación a lo defraudado al Estado.