Para la presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, el trabajo de la Comisión de Gracias Presidenciales del segundo gobierno aprista debió ser “impecable” en su tarea de evitar la liberación de narcotraficantes de manera irregular.
Asimismo respaldó la investigación parlamentaria de la entrega de gracias presidenciales a narcotraficantes en el gobierno pasado y dijo que el tema también debe ser visto en el Poder Judicial.
De acuerdo a informes periodísticos, durante el gobierno pasado se otorgaron 400 conmutaciones de penas a condenados por narcotráfico de manera agravada.
“Todo lo que signifique liberar a narcotraficantes tendría que ser muy bien estudiado y tiene que haber una comisión de indultos que sea impecable” declaró.
También dijo que las denuncias sobre el supuesto pago a cambio de la conmutación de penas durante el gobierno anterior, debe investigarse “tanto por el Poder Judicial como el Congreso de la República”.
En el Congreso, el caso es investigado por la comisión multipartidaria que investiga las presuntas irregularidades del gobierno pasado, que citó a exfuncionarios aprista y al expresidente Alan García Pérez por ese y otros casos.
La también denominada “megacomisión” solicitó el lunes último el levantamiento del secreto bancario del ex presidente de la comisión de indultos, Miguel Facundo Chinguel, ante la denuncia de una reclusa y ex colaboradora de la DEA que lo acusa de haber pedido cinco mil dólares para conmutar su pena carcelaria.
Masías también destacó que en el Perú la prevención del lavado de activos está tomando más fuerza, porque “es uno de los pilares que el gobierno está fortaleciendo” en la lucha contra el narcotráfico.
“Tenemos el encargo de apoyar estos talleres, seminarios, con la Presidencia del Consejo de Ministros”, agregó.
En ese sentido, destacó la realización del V Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, que se realizará en Lima, este 9 y 10 de mayo, organizado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).
Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señala que el lavado de activos en el Perú, habría logrado mover más de siete mil millones de dólares en los últimos años.
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