El Gobierno oficializó la modificación de la Ley de Promoción de Servicios Turísticos en Bienes Inmuebles del Patrimonio Cultural, que faculta a los gobiernos regionales a determinar los bienes inmuebles en los que se podrá desarrollar proyectos de concesión de servicios turísticos.
La modificatoria a dicha norma, que fue cuestionada por autoridades cusqueñas, indica que para su aplicación «es requisito indispensable» que los gobiernos regionales aprueben la relación de los bienes inmuebles en que se podrán concesionar servicios turísticos, con el visto bueno del Instituto Nacional de Cultura (INC).
La aprobación de la relación de los bienes inmuebles se realizará, además, mediante acuerdo de Consejo Regional. Dicha aprobación fue aprobada por el Congreso durante esta semana ante la exigencia de las autoridades y dirigentes cusqueños de derogarla al considerar que abría paso a la privatización de los bienes culturales, opinión no compartida por las autoridades de otros gobiernos regionales.
Sobre el tema, una encuesta a nivel nacional realizada por el Apoyo Opinión y Mercado para El Comercio revela que el 40% de peruanos está de acuerdo con la ley que autoriza dichas concesiones previa autorización del INC.
En tanto, un 26% se muestra a favor de esta ley, si las autoridades locales también dan su autorización, mientras que el 20% considera que esta ley debe derogarse porque podría afectar el patrimonio cultural.
El sondeo de Apoyo indica, además, que la referida norma es ampliamente favorable para la generación de empleo (66%), el aumento de los ingresos entre los pobladores de las zonas turísticas (65%), el turismo (61%) y la conservación de patrimonio (56%).