Los científicos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor) trabajan en la región de Madre de Dios estudiando y cartografiando para identificar las áreas clave que los reglamentos deben abordar, para abordar las reclamaciones y conflictos generados por la distribución y asignación de tierras.
Un informe publicado recientemente plantea algunas recomendaciones:
-Un sistema eficiente para la recolección, el almacenamiento y la validación de la información. La nueva ley exige un inventario nacional de biodiversidad y la evaluación de ecosistemas. Sugiere además que la información en diversas bases de datos sea actualizada y validada en el campo.
-Los límites de la concesión también se deben asignar con mayor precisión ya que muchos de ellos no se definieron a partir de sistemas de información geográficos.
-El intercambio de información entre los organismos con el público. Cada agencia que participa en la gestión forestal y la concesión de derechos de uso de la tierra, incluyendo los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Energía y Minas, así como el Gobierno regional de Madre de Dios, recogen y almacenan datos de manera diferente.
Andrea Chávez, principal autora del estudio, manifestó que el desarrollo de un sistema público coherente que les permita compartir y comparar datos entre ellos, es de vital importancia.
La creación de un fuerte sistema de gestión forestal. Las responsabilidades en la toma de decisiones están actualmente dispersas entre diversos organismos, dijo a su turno José Luis Capella, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y uno de los coautores del estudio.
“Este nuevo sistema debería ayudar a aclarar las responsabilidades y funciones entre los organismos y entre los gobiernos nacionales y regionales, dijo Capella”. Fuerte vigilancia también será necesaria para asegurar que las regulaciones diseñadas para proteger los recursos forestales se cumplan, indicó a INFOREGIÓN.
ACLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DEL SUELO
Los derechos de uso de la tierra deben ser claros y respaldados por contratos u otros documentos legales, dijeron los científicos. Las regulaciones deben aplicarse para asegurar que los derechos sean respetados y otras actividades que no entren en conflicto, que los mineros o agricultores no entran ilegalmente las concesiones de castaña, por ejemplo.
«Las agencias gubernamentales también deben desarrollar e implementar mecanismos para garantizar que los nuevos derechos de uso de la tierra y no deben ser otorgados sobre las concesiones existentes», dijo Chávez. «Esto ha generado graves conflictos que deben ser resueltos a través del diálogo y la negociación».
El estudio incluye mapas detallados para ilustrar la magnitud de la superposición.
Los datos recogidos de varias agencias del Gobierno muestran que más de 1,3 millones de hectáreas de concesiones de castaña solapados por los permisos para la madera, la agricultura y la minería.
Los reclamos conflictivos ponen en peligro los medios de vida de miles de personas que ganan un ingreso mediante la recolección y venta de nueces de Brasil.
Los científicos dijeron que es crucial que la normativa —actualmente en fase de consulta pública— este bien diseñada y que la información en bases de datos gubernamentales sea verificada en el campo. No hay fecha todavía para la aplicación de la nueva normativa.
“La transición a un marco jurídico adecuado para los bosques es clave”, dijo Capella.
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