La semana pasada el pleno del Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que introduce modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y modifica la Ley General del Ambiente. Esta es una más de las varias iniciativas que ha presentado este gobierno para fortalecer la normativa ambiental y que fueron explicadas por el ministro Manuel Pulgar-Vidal hace poco en el Parlamento.
La preocupación de la gestión de Humala por el medio ambiente es destacable. No obstante, parece que las iniciativas del gobierno en este tema podrían tropezarse con un obstáculo creado por él mismo: la debilidad institucional de algunos de los nuevos organismos ambientales.
Quizá el caso más preocupante sea el del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), creado en diciembre del año pasado y en cuya organización se viene trabajando para que inicie sus operaciones en abril del 2014. Esta institución, adscrita al Ministerio del Medio Ambiente, deberá cumplir la espinosa tarea de evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) detallados (que son aquellos que se le exige presentar a los proyectos de inversión que pongan en mayor riesgo al medio ambiente) de todos los sectores.
La creación de este organismo fue polémica desde un inicio, porque suponía quitarle al Ministerio de Energía y Minas la evaluación de los EIA cuando este último ministerio es el que tiene a los especialistas en la materia. No obstante, el gobierno siguió adelante porque le parecía que con la creación de esta institución se podría recuperar la confianza de la población en los EIA. Además, el gobierno creía que con el Senace se lograría una reingeniería institucional que permitiría agilizar el trámite para la aprobación de los EIA y que estos estudios sean aprobados por una entidad neutral y con autonomía técnica. Esto último ha sido ratificado por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, al declarar que el Senace debe quedar a un nivel “muy técnico”.
En pocas palabras, se anunció que se empoderaría al Senace haciéndolo un ente poco burocrático y técnico. Y para garantizar esto, se dijo, se le haría inmune a presiones políticas que afecten su independencia. Pero, lamentablemente, la manera como la ley concibe la estructura orgánica del Senace parece apuntar a lo contrario.
Sucede que el órgano máximo del Senace es el Consejo Directivo, compuesto por los seis ministros de los sectores Ambiente, Economía y Finanzas, Agricultura, Energía y Minas, Producción y Salud. Este Consejo Directivo tiene, entre otras facultades, el poder (sobre la base de criterios que él mismo definirá por reglamento) de nombrar y destituir al jefe del Senace. En pocas palabras, seis ministros de Estado, que son cargos políticos por definición, serán quienes decidan el destino de la cabeza de una entidad que supuestamente debía ser inmune a la política. ¿Qué garantía de tecnicismo puede existir así?
Si se hubiese querido blindar al Senace de los vaivenes políticos, la facultad de nombrar y despedir a su jefe debería haber recaído en un Consejo Directivo compuesto por miembros independientes. Y, además, se pudo haber establecido en la misma ley que el jefe del Senace tendría un mandato por un tiempo fijo, durante el cual no puede ser removido más que en casos de probada ineficiencia grave o corrupción. Así, podría haber tenido la garantía de que se le permitiría desarrollar un trabajo técnico e independiente. Pero, lamentablemente, se hizo todo lo contrario.
Por lo demás, ¿realmente alguien cree que el Senace podrá ser una institución ágil y poco burocrática si depende de seis ministros? No solo es probable que dicho Consejo Directivo tenga problemas incluso hasta para reunirse a tomar decisiones, sino que será muy difícil que el Senace actúe de forma muy ejecutiva con las presiones de seis ministerios actuando sobre él.
Nadie discute que los objetivos que busca el gobierno de legitimar y agilizar los EIA detallados sean de primera importancia. Pero para lograrlos es necesario, como se anunció en un primer momento, despolitizar todo ese proceso. Y el camino por el que parece que se hará andar al Senace es exactamente el opuesto.