¿Se pueden esperar cambios en seguridad?

Lamentablemente nada indica que después del despido del general Raúl Salazar se vayan a producir los cambios necesarios para mejorar la seguridad. El gobierno no ha dado ningún indicio de propósito de enmienda.

LA CORRUPCIÓN
En la institución hay muy buenos elementos y cuando se dedican en serio a su trabajo obtienen resultados. Un ejemplo claro y visible es el del grupo que desarticuló a la banda terrorista de “Artemio” en el Alto Huallaga. En casos recientes de delincuencia común, han atrapado a los criminales cuando hay una muy fuerte presión de la opinión pública y los medios de comunicación.

El problema reside en que esa es la excepción de la regla. Muchos policías no están dedicados a perseguir a los delincuentes sino a sus negocios particulares. La traba más importante para que la Policía cumpla su función es la corrupción. Y no parece que eso vaya a cambiar, porque el gobierno del presidente Ollanta Humala la protege y alienta.

El caso más notable es el del recién defenestrado director de la Policía Raúl Salazar. Humala descabezó la Policía –una treintena de generales fueron pasados a retiro– para ponerlo a él al mando. Y lo mantuvo en el cargo contra viento y marea hasta que la presión ciudadana y la política lo obligaron a echarlo.

Ahora resulta que, según la revista Caretas, Salazar está comprometido con uno de los típicos negocios de los altos mandos policiales deshonestos: usan empresas ad hoc para dar servicios y vender productos a la Policía.

NEGOCIADOS MILLONARIOS
Los reportajes de Américo Zambrano en Caretas demuestran que el ayudante y brazo derecho de Salazar, el coronel Gino Coletti, y la esposa de este, “a través de empresas en las que ellos mismos aparecen como apoderados o que tienen como titulares a sus familiares más cercanos, han hecho negocios con la Policía por más de S/. 5,5 millones”. (“Salazar se fue alegando”, 14.3.13).

El reportaje precisa que “el artículo 10 de la Ley de Contrataciones prohíbe a los familiares de funcionarios públicos, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo en afinidad, realizar negocios con el Estado. Esto significa que si la esposa y los familiares directos de quien fuera el ayudante del director de la PNP obtuvieron millonarios contratos en la Policía es porque contaban con un respaldo al más alto nivel que los hacía invulnerables a la ley”.

Más claro no puede ser.

El asunto es que estos negociados que ahora revela Caretas los conoce mucha gente en la institución y la consecuencia es inmediata: “Si los de arriba hacen eso, ¿por qué yo no puedo hacerlo?”.

INCENTIVANDO LA CORRUPCIÓN
Otro caso escandaloso es el que reveló El Comercio. Humala tiene a su lado en Palacio a un suboficial retirado de la Policía: Hermógenes Pérez Mego.

El hermano, un comandante, Simión Pérez Mego, fue llevado por Humala a Palacio como jefe de la Oficina de Administración y fue denunciado “por el robo sistemático de combustible”. La inteligencia policial “registró en video el robo”. Incluso el entonces ministro Óscar Valdés ordenó la destitución de los implicados.

Y este delito, que ocurrió en el mismísimo entorno del presidente Humala, no fue sancionado. Peor aún, Simión Pérez Mego fue ascendido a coronel. (“Hermano de Pérez Mego fue acusado de robar gasolina y lo ascendieron”, 2.3.13).

El efecto que tiene este tipo de comportamientos en la Policía es devastador. Si en el más alto nivel no solo no se sanciona la corrupción sino que se premia, ¿qué se puede esperar del resto?

Por supuesto, estas cosas circulan a la velocidad de la luz en la Policía. El ejemplo vale más que mil palabras. Si arriba se protege la corrupción, los de abajo ya saben que basta tener buenos padrinos para hacer de todo y quedar impunes.

El nuevo director de la Policía, el general Jorge Flores, era hasta el momento el Inspector, es decir, el encargado de investigar y denunciar la corrupción. Parece que persiguió a varios policías de abajo, pero no se dio cuenta de lo que hacían los de arriba, como Salazar y su ayudante, ni tampoco percibió las tropelías de Pérez Mego.

Nada indica que la perversa manera de controlar a la Policía que ha adoptado Ollanta Humala con sus asesores Adrián Villafuerte y Pérez Mego haya cambiado. Un ministro que está pintado en la pared, una figura decorativa, y ellos manipulando la institución directamente.

Naturalmente, la contraparte es que la corrupción tiene que seguir. Ese es el precio que hay que pagar para tener lealtades absolutas. Como le dijo un policía a Zambrano, bajo Salazar “no solo es un caso, todos se levantaban en peso a la Policía”.

En suma, probablemente seguiremos en lo mismo, desmoralización y descomposición en la Policía y aumento de la inseguridad.

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