El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, informó que calcula que en un plazo máximo de un año se debe iniciar la transferencia de competencias de los sectores al Servicio Nacional de Certificación para las Inversiones Sostenibles (Senace).
“Estamos trabajando activamente para que en abril del año 2014 pueda producirse la primera transferencia de funciones”, manifestó en un desayuno de trabajo organizado con medios de comunicación, previo a la inauguración del I Foro Público Nacional «Senace: Oportunidades y Retos en el marco de su implementación”; en el cual participaron representantes del sector privado, del Estado y de la sociedad civil».
Pulgar Vidal manifestó que el Senace se encuentra en la etapa preparatoria, “en la cual tenemos una dimensión técnica, una administrativa y una comunicacional”, según dijo.
“En la etapa técnica lo que estamos viendo es toda la línea base, aspectos tecnológicos, de cuánto personal disponemos en todos los sectores, cuánto presupuesto tienen asignado y cuáles son los procedimientos, dónde están los cuellos de botella de los procedimientos, para que el Senace, además de ser eficiente, pueda corregir las deficiencias que presenta en la actualidad”, comentó.
Asimismo que en el aspecto administrativo se está diseñando de manera preliminar un primer esquema organizativo, “pero esperaremos la designación del primer responsable para finalmente completarlo”, refirió.
“Y en la etapa comunicacional tenemos que manejar la expectativa pública, el público sabe que Senace existe y algunos piensan que ya deberíamos a empezar a aprobar estudios de impacto ambiental”, agregó.
Asimismo se refirió al estado del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (Sinefa). Pulgar-Vidal, posteriormente a la inauguración de Foro, se dirigió al Congreso de la República a sustentar el Proyecto de Ley que propone mejoras al Sinefa y la Ley General del Ambiente; y que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
El ministro del Ambiente sostuvo en todas sus presentaciones que la propuesta “no tiene afán recaudador, sancionador ni represivo” sino que la norma promueve una nueva forma de hacer fiscalización brindándole a las empresas la oportunidad de subsanar omisiones, pero incrementando los topes de multas en aquellos casos que no se muestre disposición a reparar los daños.