La implementación de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos así como la conformación del nuevo Ministerio del Ambiente, constituyen un excelente contexto para perfeccionar en el país, el marco normativo necesario para cautelar en forma eficaz el Patrimonio Natural de la Nación, estimó Luis Alfaro, hasta hace poco Intendente de Áreas Naturales Protegidas del INRENA.
Alfaro consideró necesario mejorar el marco normativo para garantizar el manejo sostenible de nuestros recursos naturales, debido a que está errado desde su origen y tiene varios puntos críticos, entre ellos, que puede permitir el derecho posesorio sobre un bien sujeto a normas que prohíben su extracción de las Áreas Naturales Protegidas.
Alertó que existen en el marco normativo actual, ciertas figuras jurídicas que contribuyen en forma perversa al comercio ilegal de flora y fauna silvestre y una de esas figuras es que el Estado debe demostrar que es el titular del patrimonio que custodia.
Lo ilegal que se convierte en legal
Puso como ejemplo las continuas intervenciones que realizan los guardaparques en las Áreas Naturales Protegidas y en donde siempre la persona que se encuentra en posesión de la madera ilegal argumenta que el bien es de su propiedad y la actual legislación le permite cinco días para su descargo antes de poder iniciar el proceso administrativo sancionador que invariablemente luego impugna y luego continúa en el Poder Judicial, en donde en la gran mayoría de los casos, gana el talador ilegal.
“Esta increíble situación ocasiona que lo que originalmente era ilegal, se legaliza. ¿Como puede alguien demostrar que es de “su propiedad” la madera cortada en Áreas Protegidas o un ejemplar de Fauna Silvestre en peligro crítico? Denunció en artículo publicado en la revista Viajeros.
Nuevas herramientas jurìdicas
Alfaro saludó que por efectos de los compromisos adquiridos con motivo de la firma del TLC, se aumentará el personal a cargo de la protección de los recursos naturales, pero alertó que si ese personal no cuenta con las herramientas normativas necesarias, será muy complejo cumplir con los objetivos de aprovechamiento sostenible de nuestro patrimonio forestal.
“Es evidente que además de la necesaria asignación de más recursos para las labores de protección de nuestro patrimonio, es perentorio implementar nuevas estrategias, nuevas formas de enfrentar las amenazas que afectan las áreas naturales protegidas, particularmente en lo referido a la tala ilegal” recomendó.
El experto advirtió que este problema será trasladado también a los gobiernos regionales que están asumiendo las competencias de la protección del patrimonio forestal, por lo que propuso formalizar de inmediato la figura de la recuperación administrativa por parte del Estado, de los ejemplares, productos o sub productos de fauna o flora silvestre, y que consiste en el restablecimiento de la plena posesión de la Administración del Estado de los bienes de las Áreas Naturales Protegidas.
Recordó que el artículo 73º de la Constitución, señala claramente que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y estas previsiones constitucionales son de plena aplicación a las Áreas Naturales Protegidas ya que las mismas por su propia naturaleza y por mandato de la ley Ley Nº 26834, son de dominio público y no pueden ser adjudicadas en propiedad a los particulares.