Cuando se trabaja en temas vinculados a los derechos humanos, no hace falta mucho análisis para darse cuenta que en definitiva, las mujeres (al igual que los niños y adolescentes) son las más vulnerables. Sus derechos son constantemente violados, no solo en situaciones de guerra o conflicto armado, sino en situaciones de paz, en su vida cotidiana.
No basta que al término de un conflicto armado, se denuncie que ha habido decenas o centenares de mujeres violadas. Esto no lo resuelve, no evita el trauma que vivieron las víctimas, y tampoco -lamentablemente la historia lo demuestra- evita que se repita una y otra vez en nuevos y sucesivos conflictos armados. Esta realidad, se repite en todo el mundo, en todos los continentes, y más allá de quedar el registro, pocas veces se resarce a la víctima.
En el Perú no somos ajenos a esta realidad y el Informe de la Comisión de la Verdad da cuenta que durante el conflicto armado que sufrimos, se identificaron innumerables casos de violencia sexual, mayoritariamente en 15 departamentos del Perú, concentrándose sobre todo en los años 1984 y 1990. Se estima que los perpetradores, fueron en un 83% agentes del Estado, y un 11% grupos subversivos.
Por otro lado, en tiempo de paz, donde la convivencia debiera ser armónica y los derechos de los conciudadanos respetados, las denuncias por violencia familiar y abuso sexual dirigidos a las mujeres son sorprendentemente frecuentes.
En el Perú, el Informe Alternativo al Séptimo y Octavo Informe Combinado del Estado Peruano al Comité de la CEDAW (diciembre 2011) da cuenta de que entre 2006 y 2010 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendieron 192,000 casos afectados por la violencia familiar y/o sexual, y que de estos el 88% fueron mujeres. Las cifras que el MIMP reporta para el 2012 registran 39,400 casos atendidos a nivel nacional, solo hasta Noviembre.
Cifras del Observatorio del Ministerio Público por otro lado revelan que 63 de cada 100 delitos de violación en Lima y Callao fueron cometidos contra menores de edad. En 2007 el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) reportaba que en el país había 10,500 niñas en situación de explotación sexual.
La violencia nos acompaña desde siempre, y seguirá presente mientras el ser humano no aprenda a dominar los impulsos agresivos individual y socialmente. Una de las expresiones en las que la violencia individual y social se dan la mano, se conjugan y se potencian, es la trata de personas con fines de explotación sexual.
En el Perú la trata de personas con fines de explotación sexual tiene rostro de mujer joven, muchas veces menor de edad, que sin importar su procedencia es vendida y abusada en campamentos mineros informales, en centros de entretenimiento urbano o en cualquier establecimiento que se preste para el comercio sexual. De acuerdo al Sistema de registro de casos de trata de la Policía Nacional (RETA), de las 1900 víctimas de las diferentes modalidades de trata, 1847 son mujeres.
Los episodios individuales de trata de personas no serían factibles de no mediar una sociedad complaciente y un Estado que, pese a los avances logrados a nivel nacional, aún presenta grandes carencias a nivel regional y local.
Es preocupante la baja judicialización de los casos, y la aun falta de conciencia de la población de que la mujer es víctima. Persiste la creencia en el colectivo, de que las mujeres que sufren estas situaciones, están allí porque quieren; o peor aún, porque se lo merecen, a causa de algún tipo de conducta inapropiada.
Persiste también el machismo que considera que la mujer debe estar al servicio del hombre, y que ésta espera (y en el fondo desea) que el hombre la domine, tenga el control, y por qué no, abuse de ella a través de los golpes, o forzándola sexualmente. En el caso concreto de la trata de personas, estas conductas se ven potenciadas y agravadas por la cosificación de la mujer, que le da al tratante la convicción de que está tratando con un insumo más, que le puede dar ganancias. En el caso del cliente usuario, que se encuentra en el lado de la demanda, la absoluta indiferencia por lo que vive o siente la mujer que usa.
La trata de personas y en particular de mujeres, no va a desaparecer. Los últimos años, a pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones, a nivel global, y de algunos Estados, es un delito que se ha incrementado, y que al igual que el narcotráfico se potencia gracias a la corrupción y a la inoperancia de las instancias que debieran luchar para su mitigación.
Las investigaciones desarrolladas por CHS Alternativo en el Perú, describen a un Estado dispar en la ejecución de la política pública para prevenir la trata de personas y, sobretodo, para proteger y asistir a las víctimas de esta particular forma de violencia.
Debemos incrementar las capacitaciones y difusión del problema entre los funcionarios públicos, en las regiones y los gobiernos locales, motivarlos a que conozcan sus responsabilidades y a que implementen las obligaciones descritas en las normas.
Finalmente debemos insistir con la prevención a nivel de la población, desnudando la demanda, haciéndola evidente a los ojos de las familias para que la presión social ayude, así sea por vergüenza ajena, a ponerles coto a los usuarios de sexo comercial con menores, o de sexo con mujeres en situación de explotación.
La violencia siempre será un acto de cobardía y los cobardes son muy sensibles a la denuncia social. Debemos esperar que con educación e información, se hagan también sensibles y permeables a respetar los derechos de las mujeres y reconocer su valía.
*Capital Humano y Social Alternativo es una organización orientada a la defensa de los Derechos Humanos, particularmente en las situaciones de trata de personas y explotación sexual y laboral, que afecta especialmente a mujeres y niños.