Ciudadano chino insiste en extraer oro ilegalmente

Desde octubre de 2012 la alcaldesa provincial de Puerto Inca (Huánuco), Daysi Heidinger, ha visto alterada su rutina. Ya no son los problemas urbanos los que más le preocupan, sino la enorme presión de empresarios chinos para extraer oro ilegalmente en los distritos de Yuyapichis y Codo de Pozuzo. “Primero fue en Codo y ahora en este otro distrito. No estamos en contra de la inversión, pero no toleramos empresarios que se burlen de las leyes”, dice.

La madrugada del 9 de enero, el empresario minero Yi Yanguang pretendió meter en los bosques de Yuyapichis cinco retroexcavadoras y dos cargadores frontales. Las autoridades locales detuvieron los vehículos y solicitaron la presencia del fiscal provincial penal. No era la primera vez que el ciudadano chino buscaba ingresar esta maquinaria pesada en la selva de Puerto Inca. Tres meses antes, Yi Yanguang lo había intentado en las tierras del Codo de Pozuzo. También entonces la población se lo había impedido.

PERSISTE EN ACTOS ILÍCITOS
En octubre del año pasado, Yi Yanguang y su compatriota Lin Zhu inscribieron en Registros Públicos del Perú la empresa Shuanghesheng Mining Group. Declararon que la compañía tenía un capital inicial de 100.000 soles y que se dedicaría a la exploración y explotación de minerales. Yanguang y su empresa solicitaron una decena de petitorios mineros en Huánuco.

Al mismo tiempo, comenzó a enviar maquinaria pesada hacia la zona. Nombró gerenta general de la empresa a Liu Luo Wei, nacionalizada peruana y representante legal del chifa Welcome (Miraflores). Liu Luo declara estar divorciada, pero la alcaldesa de Puerto Inca recuerda que se presentó como la esposa de Yi Yanguang.

“Ellos se han reunido conmigo, me han dicho que no conocían las normas, que se iban a poner a derecho, pero luego han intentado ingresar otra vez a la fuerza su maquinaria en el bosque”, se queja la alcaldesa. Yanguang tiene dos derechos mineros en trámite a su nombre en Huánuco, pero una decena lleva el nombre de su empresa y otras –como denunció El Comercio el año pasado– están a nombre de terceros que no viven en las direcciones que declaran o indican direcciones que no existen.

ASOCIADO A COMUNIDADES
Yanguang presentó esta vez un contrato suscrito entre su empresa, Shuanghesheng Mining Group, con la comunidad nativa Tahuantinsuyo para la construcción de una carretera. En los documentos se dice que la compañía alquilará la maquinaria para construir una vía de penetración desde Yuyapichis hasta el sector Río Negro, con una extensión de 21 km. Pero el proyecto vulneraba los requisitos técnicos: carecía de estudios y autorizaciones.El trazo propuesto, además, atravesaba la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira.

La comunidad, avalada por la Unión de Nacionalidades Asháninka Yanesha (organización indígena de la región), no había consultado el tema con ninguna autoridad local. “El empresario chino les ofreció una trocha a cambio de que le dejaran extraer oro”, señala la alcaldesa, quien asegura, además, que la carretera era una excusa y que las máquinas eran para la minería ilegal: “Si quisieran de verdad hacer una carretera, hubieran traído otro tipo de maquinaria”.

Dos de los petitorios mineros de Yi Yanguang en Huánuco se superponen con la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira. Tal sería el motivo principal por el que el empresario chino buscaría trasladar su maquinaria a esos bosques, aseguran las autoridades.

El martes 15, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició un procedimiento administrativo contra Yanguang por usar maquinaria pesada destinada a la minería ilegal. Este proceso se suma a dos investigaciones penales que enfrenta el empresario en las fiscalías ambientales especializadas de Puerto Maldonado y de Pucallpa.

El proceso de formalización minera iniciado por el Gobierno Central el año pasado no ha reducido la ilegalidad. Parece, más bien, haberla incrementado en Huánuco. Desde octubre de 2012 se registra un desmesurado incremento de petitorios mineros avalados en las declaraciones de compromiso. La fiscalización aún es débil.

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