Termina el año con dos hechos que destacan: primero, la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que en adelante revisará los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que ya no dependerán del Ministerio de Energía y Minas sino del Ministerio del Ambiente; y segundo, la multa impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a la empresa minera que opera el proyecto Conga por el incumplimiento de cinco compromisos ambientales incluidos en el EIA de este emprendimiento.
El 2012 marcó un punto de inflexión en la lógica tradicional con la que el Estado abordó los conflictos sociales, es decir, obviando su papel arbitral y regulador y postergando las expectativas de la población. Los emblemas de este cambio son tres conflictos: Conga, Espinar y Quellaveco, con diferentes actores, procesos y resultados.
El primero, es el caso de un EIA aprobado apuradamente en el tramo final del anterior gobierno que la empresa minera y el actual Ejecutivo intentaron imponer a la fuerza y sin éxito. Como conflicto abierto, Conga duró casi 10 meses, derribó dos gabinetes y sometió a una dura prueba la consigna del presidente Humala de ¡Conga va! El proyecto está dormido y las partes a la espera, y es un consenso que este no tendrá viabilidad en las condiciones del pasado, es decir, con la sola decisión del Estado y contra la opinión de la población.
En el conflicto de Espinar faltó voluntad para lograr que la empresa y los dirigentes sociales resuelvan los pasivos ambientales. Luego de los sucesos cruentos, el Estado, la población y la empresa ingresaron a una vía de diálogo en nuevas condiciones sin que las políticas de fuerza aparezcan como el eje de la solución.
Quellaveco (Moquegua) en cambio sintetizó el momento estelar de un diálogo múltiple que permitió que la empresa asumiera determinados compromisos para lograr la licencia social. La clave del resultado auspicioso fue un largo proceso de negociación, 16 mesas de diálogo y la presencia constructiva de los gobiernos nacional y regional.
Estamos frente a un nuevo momento. El Estado maneja un discurso ambiental que converge con el incremento de la conciencia ambiental social y con los inicios de la maduración de la responsabilidad social en las empresas. Pueden debatirse la intensidad y los orígenes de cada proceso mencionado, aunque no se puede negar que la ruta está trazada y que sería equívoco revertir la tendencia.
El año también termina con una rebaja sustantiva en el número de conflictos y en la intensidad de los mismos, aun cuando los de naturaleza ambiental siguen constituyendo la mayoría. Al mismo tiempo, asoman los conflictos salariales debido al atraso en las remuneraciones de los empleados públicos en los últimos 20 años.
Ambos temas interrogan al Estado en su conjunto aunque a algunos sectores en particular. En materia ambiental se esperan cambios de percepción en los ministerios de Economía y Finanzas y el de Energía y Minas, respectivamente, y se demanda una actitud más dinámica del Ministerio de Trabajo en el impulso de la responsabilidad social. En ese sentido, es extraño que el anterior ministro intentara cerrar el Programa Perú Responsable, el único creado por el actual gobierno en ese sector, en lugar de potenciarlo. Asimismo, los conflictos laborales que asoman tocan al gobierno en su conjunto. Sería ideal la presentación al país de un modelo de recuperación salarial pública negociado con los sindicatos y el congreso para evitar una escalada huelguística en el corto plazo.