Los ministerios del Interior y Defensa están aplicando la política del perro muerto con la deuda a las familias de policías y militares fallecidos en combate contra el narcoterrorismo. Ambos sectores no pagan los seguros de vida ni entregan las viviendas que les corresponden ni siquiera a los deudos que ya ganaron juicios para exigir sus derechos.
Un informe de la Adjuntía de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo revela que la Policía Nacional le debe S/.51’801.835 solo por reintegro de seguros de vida a 352 familias que ya tienen una sentencia judicial a su favor.
También existen otros 325 fallos a favor de beneficiarios de militares asesinados por Sendero Luminoso que no recibieron los seguros de vida completos (el equivalente a 15 unidades impositivas tributarias vigentes en la fecha de ejecución del seguro), pero las Fuerzas Armadas no han especificado el monto que representan en pagos.
Se trata de juicios que corresponden a casos del período 1996-2009. Y actualmente hay 3.483 procesos de familiares de policías y militares en trámite por este mismo motivo.
RESPUESTAS COYUNTURALES
Al escuchar esta cadena de injusticia, don Dionisio Vilca revive el coraje y el dolor que sintió cuando tuvo que ir a rescatar el cuerpo de su hijo, el suboficial PNP César Vilca, asesinado por Sendero Luminoso (SL) en la selva del Cusco durante la fallida Operación Libertad, en abril pasado.
A don Dionisio y los otros 7 familiares de los policías caídos en armas, el 31 de mayo, el entonces ministro del Interior, Wilver Calle, prometió entregarles un bono habitacional de S/.82 mil (en lugar de una vivienda) y hacer los trámites para que fueran declarados héroes nacionales. Pero el actual ministro Wilfredo Pedraza se olvidó del tema.“Todo fue una burla, pero si hay que ir a juicio, lo haré. No me cansaré”, dice este padre que ha perdido la confianza en las autoridades.
Lo cierto es que los gobiernos de turno dieron siempre respuestas coyunturales para acallar distintas tragedias, cada una más escandalosa que la anterior.Por ejemplo, los deudos de los policías asesinados en Bagua en el 2009 recibieron de manera excepcional bonos habitacionales, pero ni la Policía ni las instituciones armadas entregaron todos los beneficios vigentes en sus normas desde 1987.
Los militares y policías muertos en combate del terrorismo y el narcotráfico tienen derecho a tres ascensos póstumos, a que sus familias reciban una pensión, un seguro de vida (reemplazado desde el 2009 por una indemnización excepcional de 55 mil soles) y una vivienda construida por el Estado.
Este último beneficio está vigente, pero no se otorga desde 1997 debido a que los organismos que se encargaban de ejecutar las casas (el Fondo Nacional de Vivienda, Fonavi; y la Empresa Nacional de Edificaciones, Enace) fueron liquidados. Así, en la Policía, hasta mayo pasado se encontraban registrados 1.066 expedientes sobre reclamos de vivienda, y en las Fuerzas Armadas había 5.225 solicitudes.
En lo que va del gobierno de Ollanta Humala, los tres ministros que ya pasaron por Interior y Defensa, así como los actuales, Wilfredo Pedraza y Pedro Cateriano, prometieron atender el problema. Pero hasta la fecha no lo han señalado como una prioridad en sus presupuestos.
La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto permite a las entidades demandadas afectar hasta el 5% de sus partidas para el pago de las sentencias judiciales, pero ese monto es insuficiente para atender los pagos que se están acumulando. En la Policía y el Ejército,sus voceros responden: “A los deudos que iniciaron juicios se les pagará cuando salgan sus sentencias y de manera gradual; y a los que no, cuando los ministerios lo contemplen en sus presupuestos”.
Sandra García, presidenta de la Asociación de Madres, Viudas Sobrevivientes y Huérfanos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Avisfaip), sostiene que todo esto es una humillación permanente para la memoria de las víctimas. “Desde el inicio entramos en una guerra administrativa, porque incluso para reclamar los beneficios por el camino normal, los trámites son excesivamente burocráticos”, apunta.
EXCLUSIONES Y TRATO DIFERENCIADO
Un conjunto de disposiciones excluyentes se mantienen vigentes en la Ley de Pensiones Militar y Policial para otorgar los beneficios a las familias de sus miembros fallecidos en combate. Lo sabe Lorena Huamán, quien por haber sido conviviente y no esposa del suboficial PNP Landert Tamani (fallecido en la selva del Cusco durante la Operación Libertad) no tuvo derecho a recibir una pensión de viudez.
La Policía y las Fuerzas Armadas exigen la partida de matrimonio para el trámite de este beneficio. Solo la hija del suboficial Tamani recibió una pensión de orfandad, pero esta vencerá apenas cumpla la mayoría de edad.
En cambio, en el caso de las viudas, la pensión es perpetua. En la entrega del beneficio denominado Fondo del Seguro de Retiro también hay otra diferencia de género sin justificación. A los varones fallecidos les corresponde 35 remuneraciones comunes y a las mujeres solo 30.
Si los ministerios del Interior y Defensa no habían detectado estas inequidades en sus normas, hoy las conocen en forma detallada porque el pasado 4 de diciembre la Defensoría del Pueblo entregó a ambos despachos copias del Informe 013-2012 de su Adjuntía de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad. Hasta ahora, no se han pronunciado al respecto. (Fabiola Torres López)
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