En los últimos seis años, la Defensoría del Pueblo ha intervenido en más de un centenar de casos vinculados a detenciones arbitrarias de personas inocentes que fueron incorporadas en procesos judiciales sobre hechos delictivos en los que no tenían ninguna participación. En la mayoría de estos casos, se advirtió que la orden de captura se elaboró tomando únicamente la información del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), sin considerar otros datos que corroboren que dicha persona es la buscada por los encargados de administrar justicia.
“Las consecuencias que conlleva una detención sin sustento legal priva a una persona de muchos derechos. Por ello, la reparación del daño no puede quedarse sólo en la restitución de la libertad, que siendo lo más importante, no le devuelve todo lo que ha perdido. Ellos merecen reivindicar su honor”, señala el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
En ese sentido, nuestra institución ha formulado recomendaciones a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que garanticen la adecuada identificación e individualización de los presuntos responsables de un delito, evitando así la afectación del derecho a la libertad de personas inocentes.
Asimismo, Eduardo Vega señaló la necesidad de impulsar medidas complementarias “para que los ciudadanos indebidamente acusados puedan tener la seguridad de ser indemnizados y excluidos inmediatamente del proceso en el cual fueron involucrados; de que se les anulen sus antecedentes policiales, judiciales y penales; y de cualquier otra acción que les permita reparar el daño ocasionado a su honor” (Imelda Tumialán Pinto/ Defensoría del Pueblo)