Los grupos de oposición parlamentaria mostraron posiciones divididas frente a las propuestas del oficialismo para salvar el decreto de la pérdida de dominio, cuya derogatoria será debatida esta semana por el Pleno del Congreso.
Así, mientras Alianza Parlamentaria (AP) mostró su disposición de apoyar las modificaciones, los miembros del Partido Nacionalista (PN) y los fujimoristas (GPF) insistieron en su derogatoria, al igual que los representantes de Unidad Nacional, aunque estos últimos esperan que la bancada aprista presente otro proyecto que satisfaga sus cuestionamientos para cambiar de opinión.
Piden indemnización
Por otro lado, el congresista Javier Velásquez (APRA) adelantó que su partido propondrá a la ley de Pérdida de Dominio una indemnización para las personas que sean declaradas inocentes, así como la participación del Ministerio Público en la calificación de los bienes.
Por su parte, Carlos Bruce (AP) dijo que su bancada está en contra de la derogatoria, porque considera que se trata de una norma necesaria para luchar contra el narcotráfico y el lavado de activos. Agregó que las modificaciones subsanan las deficiencias de la ley que dio el Ejecutivo.
Piden derogar ley
En cambio, para Isaac Mekler (PN) y Rolando Sousa (GPF), los cuestionamientos al decreto seguirían siendo insalvables, y sus respectivas bancadas insistirán en la derogatoria.
Tras calificar estos cambios de un mero «maquillaje», Sousa dijo que la inconstitucionalidad se mantendría porque la pérdida de dominio, que él considera en realidad una pérdida de propiedad, no está contemplada en la Constitución.
Y agregó que el Ejecutivo no estaba facultado para dar esta norma porque viola el debido proceso que garantiza la presunción de inocencia. Señaló que ni la indemnización ni la participación del Ministerio Público salvan este tema, ya que en su opinión se mantiene la falta de sentencia condenatoria.
Por su parte, Mekler señaló que los bienes son intocables hasta que la justicia declara si un procesado es culpable o inocente, y lo que hace el decreto del Ejecutivo es presumir la culpabilidad, cuando la Constitución habla de presunción de inocencia.
Agregó que tampoco vale la indemnización porque no se trata de hacer un daño y después decir que «me equivoqué». Para Mekler, la solución a este tema pasa por acelerar los procesos judiciales, y para ello hay que ayudar al Poder Judicial a ser más expeditivo en sus sentencias.