La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – Aidesep, consideró “justo” que las empresas extractivas aporten a su Plan Nacional de Vida Plena, y planteó que parte del presupuesto 2013 se invierta en sus propuestas comunitarias.
En un pronunciamiento difundido en cumplimiento con los acuerdos del XXII Congreso Nacional Ordinario de los Pueblos Amazónicos, señala “no podemos seguir dependiendo de la cooperación y donaciones, como si fuéramos huérfanos y es justo y necesario que de los s/. 108 mil millones de soles del presupuesto del 2013, una parte se invierta en nuestras propuestas comunitarias antes que seguir devolviendo por incapacidad de gasto más de s/. 30 mil millones”.
Asimismo manifiestan que “es justo también que de las multimillonarias ganancias de las empresas extractivas, éstas aporten directamente a nuestro Plan Nacional de Vida Plena, hasta que los diversos cánones sean reestructurados para que llegue a las comunidades y se cumpla el Art. 15 del Convenio 169 de la OIT”.
Esta afirmación ha sido vista por algunos medios como una respuesta indirecta a las críticas generadas luego de hacerse público un convenio de cooperación mediante el cual la Aidesep habría recibido doscientos mil soles de la empresa Petrobras, de Brasil, para «prevenir conflictos» en las comunidades ubicadas en el área de impacto de uno de sus proyectos.
El documento de Aidesep también señala que “las comunidades decidieron que es momento que sus demandas no sean de reivindicación pasajera, sino a largo plazo; y que el Plan de Vida Plena Amazónico -presentado al Ejecutivo, al Legislativo, a la Defensoría y empresas privadas- puedan ser financiados con los fondos que los gobiernos regionales no pueden gastar y con las ganancias de las compañías que afectan los ecosistemas amazónicos”.
“Nuestra organización indígena detalla que, actualmente, los bosques están corriendo peligro con 26 proyectos de generación de energía eléctrica previstos en los ríos y zonas como Marañón, Ene e Inambari, Paquitzapango y Tambo 40; la búsqueda de hidrocarburos se extiende en el 70% de la selva peruana, la minería ha copado más de diez millones de hectáreas y las carreteras han inundando la selva y hoy se contempla la construcción de 880 kilómetros, el asfaltado de 2,089 kilómetros y la presión política para la construcción de una carretera Purús – Iñapari y que constituye una grave amenaza para los pueblos autónomos”, precisa el documento.