Tras la presentación del informe del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos: Vigilante Amazónico, que puso en evidencia la situación de permanente tensión que viven comunidades indígenas en cuatro regiones del país (Loreto, Amazonas, Junín y San Martín), el antropólogo Miguel Valderrama, integrante del equipo del observatorio, tuvo duras críticas hacia la gestión del Estado y las empresas extractivas.
“Se ha puesto en amenaza la integridad de los pueblos indígenas. Las cuatros zonas donde trabajamos han sido afectadas en casos de superposiciones de proyectos extractivos en las zonas de las comunidades. Las afectaciones tienen que ver con concesiones mineras, petroleras y en algunos casos, industria forestal en territorio de comunidades nativas”, dijo a Inforegión Valderrama.
Según su análisis, el denominador común de los casos de conflicto es la falta de acercamiento de las comunidades indígenas al proceso de consulta. “Si bien el Estado ha tenido la intención de abrir oficinas en la Amazonía para resolver conflictos y buscar la inclusión que tanto promociona, los escenarios han sido diferentes en cada caso: en Satipo, Junín, por ejemplo, el diálogo es directo con la Presidencia de Consejo de Ministros, hay otras en que hay una ausencia total del Estado. En Napo, Loreto, por más que Ollanta haya estado presente no ha escuchado los pedidos de atención de la zona”, comentó.
“Es un Estado esquizofrénico que por un lado apoya con oficinas o ministerios de inclusión con las comunidades nativas y, por el otro, va por encima del proceso”, dice Valderrama.
Y es que en medio de la reciente aprobación de la Ley de Consulta Previa, los pueblos indígenas se han visto excluidos de las decisiones que toma el Estado sobre sus territorios. En el caso de la región San Martín, por ejemplo, el pueblo Kechwa experimenta un estado de alerta constante en relación a la conformación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), ya que hasta el momento, y a lo largo de todo el proceso de creación de la ACR, los pobladores han visto restringido su acceso a zonas importantes para su subsistencia.
La ACR – RE fue creada por el gobierno regional de San Martín sin llegar a acuerdos sobre los límites del área de conservación y sin tomar en cuenta que ahí vivían comunidades indígenas. La falta de información y el desconocimiento de parte de los funcionarios del gobierno regional han originado desencuentros entre los representantes indígenas y las autoridades.
“Esta zona de San Martín es una zona productiva de café y es territorio codiciado por diferentes actores como inmigrantes, colonos, traficantes de madera. Actualmente el territorio está custodiado por guardabosques que restringen el paso de los pobladores”, señala Valderrama.
Nueve pobladores de la comunidad Kechwa fueron procesados judicialmente por haber hecho sus sembríos en media hectárea del territorio de la Cordillera Escalera. El caso fue archivado, sin embargo, Janeo Sangana y el Apu Jaime Tapuyima resaltan que la zona a la que no tienen acceso es de vital importancia para su subsistencia.
“Ahí pescamos, cazamos, recogemos nuestras plantas medicinales”, dijeron. “No estamos en contra del área de conservación, queremos trabajar en conjunto, las dos culturas, la occidental y la ancestral. Por ello solicitamos la co-gestión participativa. No estamos en contra de la inversión privada, pero queremos ser partícipes de esa inversión”, agregó el Apu Jaime Tapuyima.
Según Valderrama, el nivel de conflictividad en esta zona de San Martín se ha incrementado debido al clima de incertidumbre que hay en la población ya que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta del gobierno central. Janio Sangama dijo, además, que dos pobladores de la comunidad fueron asesinados el 29 de agosto pasado en la comunidad de Alto Shamboyaco, provincia de Lamas: “nos hicieron creer que fue un acto delincuencial. Uno de los moradores declaró que a la comunidad llegaron 25 hombres armados con AKM y escopetas en busca de los Apus Tercero Salas y el Dulmer Salas”. Aún no se ha encontrado a los culpables. El caso ha sido judicializado.
Una de las recomendaciones del Informe es que “el Estado debe atender y entender la dinámica de los pueblos, las relaciones sociales y la necesidad de una información adecuada que apunte a una gestión sostenible de los territorios. Es importante que el Estado construya mecanismos de información que sean transparente e interculturales”.
Los casos del observatorio
Entre los caso de conflictividad que el observatorio dio a conocer está la situación en el Amazonas, donde la minera Afrodita y la petrolera Maruel et Prom son consideradas una amenaza para el pueblo awajún y wampis.
En Satipo, Junín, se superponen los lotes 57 (Repsol), 131 (Cepsa Perú S.A.), 108 (Pluspetrol), 58 (Petrobras Energía Perú S.A.), y 174 (Tecpetrol Lote 174 S.A.C.). El desarrollo del lote 57 está integrado a las actividades que se realizan en los lotes N° 56, 58 y 88, lo que ha generado preocupación en el pueblo asháninka.
En el territorio del pueblo Kichwa en Loreto – Napo, van más de dos años desde que las comunidades de la cuenca media y baja del río Napo vienen realizando reclamos y denuncias públicas por las constantes incursiones de dragas que extraen oro de manera ilegal del río Napo.
Finalmente, en San Martín, el pueblo Kechwa de la región San Martín experimenta un estado de alerta constante en relación a la conformación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), ya que hasta el momento, y a lo largo de todo el proceso de creación de la ACR, los pobladores han visto restringido su acceso a zonas importantes para su subsistencia.