La explotación sexual infantil y adolescente en el ámbito turístico es una de las peores formas de trabajo infantil y está directamente vinculada con la trata de personas señaló en INFOREGIÓN, Luis Jacobs Gálvez, presidente del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, CPETI.
Dijo que por ello, el Estado viene realizando continuas campañas con el sector empresarial para involucrar y comprometer a los empresarios hoteleros y de agencias de viaje en la lucha contra la explotación sexual comercial infantil.
En ese sentido precisó que se llevó a cabo hoy en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la presentación de la campaña de promoción de la suscripción del Código de Conducta para la Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Adolescente en los ámbitos de turismo y viaje.
En virtud de ello, explicó que a partir de la fecha, las agencias de viajes y hoteles van a aceptar códigos de conducta que los involucren en desarrollar acciones directas contra esta actividad, tales como denunciar hechos irregulares o sospechosos y no contratar con agencias vinculadas directa o indirectamente a esta actividad.
Dijo que de esta forma, el Estado involucra directamente a la población en acciones contra esta ilegal actividad.
Lucha multisectorial conjunta
Jacobs recordó que para atacar esta problemática, se requiere de una acción conjunta y coordinada entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Explicó que la policía captura e investiga a los que cometen este delito, el Ministerio Publico investiga, al igual que la Fiscalía, y quien impone la sanción es un juez.
Por otro lado, los Juzgados de Familia desarrollan acciones a favor de los menores sin padres y quien debe proteger a los niños e involucrar a los padres en actividades que les permita mejorar sus ingresos y evitar que niños se involucren en estos hechos es el Ministerio de la Mujer, a través de sus programas sociales.
Enfatizó que para atacar el tema, hay varios aspectos. Por ejemplo, dio a conocer que hay actividades laborales en las que los niños y adolescentes pueden participar sin que se vea perjudicado su desarrollo físico, mental y emocional.
Refirió que la segunda posibilidad es que el Estado identifique a los padres y los involucre en actividades económicas que les permita mejores ingresos para evitar que sus hijos entren en esta actividad.
“Hay autoridades involucradas en el tema y funcionarios que no les interesa atacar el problema. La misma población sabe de estas actividades y no desarrolla actos contra eso. Además, debido a la pobreza, muchas familias terminan desligándose de sus hijos sin saber a dónde y qué actividad realizan”, lamentó el funcionario.
Prensa debe denunciar los hechos
También demandó a la población sensibilizarse con este grave problema y denunciar estos hechos, a fin de lograr resultados efectivos e integrales, y advirtió que “si hay indiferencia de la ciudadanía o no se ejecutan funciones coordinadamente, es muy fácil para estas mafias salirse por algunas de las rendijas”, alertó.
Además, pidió a los medios de comunicación que saquen a la luz las denuncias que reciben, y lamentó que en muchos casos encarpeten estos casos y no los den a conocer cuando los que están involucrados en las ilegales actividades son personas con mucho dinero o funcionarios públicos con poder.