La Defensoría del Pueblo inició una labor de supervisión en las diez regiones más afectadas por la violencia política que sufrió nuestro país en el período 1980–2000, lo cual le permitirá conocer los avances en la implementación del Plan Integral de Reparaciones, PIR, y el Registro Único de Víctimas, RUV.
Durante el mes de febrero, se supervisaron las regiones de San Martín y Ucayali, lugares donde se encontraron importantes avances en la participación de los Gobiernos Regionales en el proceso de implementación del PIR.
Por otro lado, entre hoy y el jueves 13 se supervisará Puno, y lo mismo se hará, hasta el mes de junio, en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco.
Dichas supervisiones comprenden reuniones de trabajo con los funcionarios que dirigen la implementación del PIR, especialmente en lo que respecta al acceso de las víctimas al Seguro Integral de Salud (SIS) y la incorporación de los programas de reparación en los planes operativos anuales de los Gobiernos Regionales y Locales.
Asimismo, se están desarrollando coordinaciones de trabajo con representantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) para la capacitación de funcionarios sobre los derechos de las víctimas para acceder y recibir una adecuada atención en salud.
La supervisión también ve los temas del Programa de Reparaciones Colectivas y los avances en la elaboración del Registro Único de Víctimas, por parte del Consejo de Reparaciones.