Actualmente, en nuestro país, cuando una mujer víctima de violencia acude al Estado para recuperar su salud y obtener justicia; en la práctica, muchas veces, se ve obligada a revivir lo ocurrido innecesariamente, generándose así una revictimización y, por ende, una mayor afectación a sus derechos fundamentales.
En el centro de salud, frente al médico legista, en la comisaría, ante la Fiscalía, e inclusive en otras instituciones, la víctima debe relatar y revivir los hechos y mostrar nuevamente los golpes, las heridas o las huellas de la violencia. Esto afecta su salud física y mental, así como su derecho a la intimidad y dignidad, entre otros.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2011), el 38,9% de las mujeres a nivel nacional reportó haber sufrido algún tipo de violencia física y sexual por parte de su esposo o pareja; mientras que en el caso de violencia psicológica la cifra se eleva al 65,6%. Esta situación preocupa todavía más debido a que las víctimas no reciben del Estado una atención integral que les permita recuperar su salud física y mental, a la par de obtener y conservar las pruebas que les permitan acreditar los hechos ante el sistema de justicia.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo –en su reciente Informe de Adjuntía No.3 «Derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia: supervisión de establecimientos de salud en Arequipa, Junín, Liam, Piura y Puno»– ha recomendado al Ministerio de Salud y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar un trabajo coordinado para diseñar un único modelo de atención a mujeres víctimas de violencia en ambas instituciones, que incida en la recuperación integral de su salud, debiendo contar para ello con ambientes adecuados, que garanticen su privacidad.
De esta manera, si la agraviada decide denunciar el hecho e inicia un proceso judicial, no tendría que ser evaluada nuevamente cuando su salud aún está deteriorada, con mayores consecuencias negativas si el agresor fue un compañero íntimo, como señala la Organización Mundial de la Salud.
Recordemos, además, que existen lugares donde no se cuenta con médicos legistas y es el médico del centro de salud de la zona quien debe conservar las pruebas de la violencia. Por ello, la Defensoría del Pueblo también ha recomendado al IML coordinar con el Minsa para capacitar al personal de salud en este tipo de atención, con un enfoque médico-legal.