La República ha revelado que los familiares de Rolando Cabezas Figueroa, inicialmente sindicado como el terrorista “William”, abatido por las fuerzas del orden esta semana en el Vraem, confirmaron el 2009 que este fue secuestrado por Sendero Luminoso en 1989 cuando tenía 20 años. Ello explica que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) haya registrado el caso en su informe y que luego Cabezas fuera incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Los datos que alcanza La República señalan que la familia de Cabezas no supo más de él y que la supuesta conversión en mando terrorista, de haberse producido, sería posterior a su secuestro. El reclutamiento forzado o la conversión de los secuestrados en terroristas por convicción son comunes a todos los procesos de violencia. Con la información a la mano, el Consejo de Reparaciones retiró a Cabezas su calidad de víctima. No obstante, el Ministerio del Interior ha identificado a “William” con otro nombre, con lo que aún queda por dilucidar la situación de Cabezas.
A pesar de la información disponible, el fujimorismo, aliado de sectores revanchistas, adversarios jurados de la CVR, desató de inmediato una campaña feroz contra esta afirmando inexactitudes con el propósito de forzar la creación de una comisión que investigue el Informe de la CVR, a la que acusan de haber incluido a un terrorista en un supuesto registro de víctimas.
Los hechos son distintos. La CVR, cuyo Informe Final fue entregado el año 2002, registró más de 16 mil testimonios sobre la violación de DDHH en el contexto de la violencia. Uno de esos casos es el que llevó el N°100782 y que relata el ingreso de terroristas a la casa de una pobladora en el distrito de Pichari para secuestrar a sus familiares. La CVR recogió la denuncia y como en miles de casos la trasladó a las autoridades porque no estaba entre sus funciones realizar una indagación judicial. Es falso también que exista una “lista de víctimas” de la CVR. El registro de víctimas se empezó a organizar cuatro años después mediante un proceso complejo y perfectible sujeto a verificación, incorporaciones y rectificaciones.
Los nuevos ataques a la CVR no son gratuitos. Provienen de un sector que se resistió a la búsqueda de la verdad sobre los orígenes y desarrollo de la violencia política, particularmente interesado en evitar el juzgamiento de las violaciones de los DDHH desde el Estado. Es el que aprobó y defendió la Ley de Amnistía para el grupo Colina, justificó la muerte de la agente del SIN Mariela Barreto y las torturas a Leonor la Rosa, y el mismo que se pronuncia contra las reparaciones colectivas a las víctimas de la violencia. Lamentablemente, es el sector que no solo se opone a la verdad, a la justicia y reparación; además lidera la resistencia a la memoria aunque esta ausencia permita el surgimiento de un relato senderista de la violencia.
El ataque rencoroso a la CVR ha impedido reflexionar colectivamente sobre el significado del golpe asestado por las FFAA y la PNP a la banda armada que opera en el Vraem, especialmente el papel jugado por la unidad de inteligencia, es decir, el tipo de trabajo profesional que obtuvo éxitos en el Huallaga. El gobierno y los grupos democráticos han reaccionado, sin embargo, adecuadamente evitando que los logros en la lucha antisubversiva ventilen la nostalgia fujimorista.