El diario Correo da a conocer hoy una denuncia del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, de San Martín, que revela los vínculos de los dirigentes cocaleros de la zona con procesados por narcotráfico para adueñarse de una propiedad incautada por el Estado al tráfico de drogas.
Aunque lo han negado en todos los idiomas, los vínculos entre los cocaleros y el narcotráfico sí existen. Y es que, recientemente, un sector de estos productores de Tocache pretendió adueñarse de una casa incautada por el Estado al ex narcotraficante Ramón Rodil Chávez, valiéndose de una carta- poder firmada por este sujeto.
Diversos documentos enviados por la directora regional del Inpe en San Martín, Hilda Izquierdo Alvarado, al alcalde de Tocache y otras autoridades revelan que la federación de cocaleros amenaza “y pretende sacar violentamente” a la ciudadana Ysolina Mendieta que custodia el inmueble.
Izquierdo señaló a Correo que Rodil Chávez cumplió su condena por tráfico ilícito de drogas en la década de los ochenta y hoy está libre, “pero no fue absuelto, sino sentenciado, y por ello no es legal que recupere la casa que el Inpe administra desde 1998”.
La funcionaria señaló que el Inpe ya inició las acciones legales ante el Juzgado de San Martín para impedir que “sorprendan a las autoridades y recuperen un inmueble que fue embargado a causa de un proceso por narcotráfico”.
La carta
Correo accedió a la “carta-poder” que otorgó Rodil Chávez y en ella se lee: “Otorgo amplio poder a la federación de campesinos cocaleros de Tocache, cuyo presidente es Wilder Satalaya, en la cual le concedo uso de mi inmueble a partir de la fecha y también para que sirvan realizar los trámites y pagos ante la Municipalidad de Tocache por concepto de arbitrios, impuesto predial y otros”.
En la carta, con sello notarial en la ciudad de Lima, Rodil detalla que la casa está ubicada en la cuadra cuatro del jirón Esteban Delgado, del centro poblado Nueva Andalucía.
Al respecto, Izquierdo denunció que en Tocache diversos sentenciados por narcotráfico están recuperando sus casas que fueron embargadas por el Estado. “Esto no es legal, señaló.
MAS DATOS
Según la agencia Inforegión, en 1994 y luego en 1998, la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod) asignó esa propiedad al Inpe, de Tarapoto, para ser utilizada como oficina administrativa.