Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, presentó el «Primer Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres», Ley Nº 28983, que revela avances en la aplicación de la norma y serias deficiencias en las medidas destinadas a proteger la salud e integridad de las mujeres.
Dicha ley, promulgada hace un año, establece el marco normativo, institucional y de políticas públicas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos, y cuyo eje central es la lucha contra cualquier forma de discriminación contra la mujer, que precisamente mañana celebrará su Día Internacional.
Este reporte, elaborado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, de la Defensoría del Pueblo, constata que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), en su calidad de ente rector de la ley, ha registrado avances como la creación de nuevos Centros de Emergencia Mujer (CEM), pero llama la atención que en la mayoría de ellos no se cumpla con prestar un servicio multisectorial a las víctimas de violencia familiar y/o sexual.
Desabastecimiento de anticonceptivos
Además, la mayoría de los CEM no cuentan con representantes de la Policía Nacional, de la Fiscalía de la Nación y médicos legistas, lo que facilitaría la denuncia de la víctima y el proceso de investigación. Además, aún está pendiente la aprobación del nuevo Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer para el período 2008-2015.
Por otro lado, la Defensoría reconoce los esfuerzos realizados por el MINSA para aplicar dicha ley a fin de asegurar la disponibilidad de los métodos anticonceptivos temporales y permanentes, pero señala que se han observado períodos de desabastecimiento en los centros de salud, así como cobros indebidos por los servicios de planificación familiar.
Además, el informe advierte el desconocimiento de algunos aspectos de la Norma Técnica de Planificación Familiar, lo que se ha traducido en deficiencias en la atención de las usuarias del servicio.
Por esa razón, se recomendó al MINSA garantizar la disponibilidad de los métodos anticonceptivos en todos los establecimientos de salud del país y adoptar las medidas pertinentes para superar las dificultades advertidas en los servicios de planificación familiar.
Normas regionales son insuficientes
Respecto a los Gobiernos Regionales, el reporte destacó la emisión de normas regionales referidas a la referida ley por iniciativa propia, pero considera que estas acciones aún son insuficientes si no se destinan los recursos necesarios para su implementación o no se dictan las normas correspondientes.
La Defensoría considera que el Estado se debe comprometer, a través de todas sus instituciones, a adoptar medidas concretas para hacer realidad la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y erradicar la discriminación que afecta aún a la mayoría de las mujeres en el Perú.