Honduras, como en ningún otro país de la región, el sinsentido y la resignación habitan a las grandes mayorías de la población porque la violenta desintegración social por la ausencia estatal, y la emergencia de narco estados locales son galopantes. A tal grado que la referencia a Honduras como un Estado fallido ya no es una sentencia subversiva, sino una verdad asumida por funcionarios y la ciudadanía en general.
La retirada física y simbólica del Estado hondureño de amplios bolsones territoriales y sectoriales del país se confirma por la completa vulnerabilidad de los derechos humanos fundamentales. Según el informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2011, cada día son asesinados a bala un promedio de 20 hondureños. Es decir, cada 75 minutos muere a bala un hondureño en algún rincón del país.
Mientras el promedio de la violencia en el mundo es de 8 por cada 100 mil habitantes, en Honduras es de 85 por cada 100 mil. De cada 100 casos de asesinato, sólo un promedio de 4 son denunciados en el inoperante sistema judicial. El resto, queda al margen esperando el momento para ser resuelto por mano propia. Ni mencionar la cantidad de muertes diarias que ocurren a falta de asistencia médica y alimentaria en un país donde la pobreza carcome a más del 75% de su población.
Esta situación de violencia generalizada creció y crece de forma simultánea con la presencia de la actividad del narcotráfico en el país. Desde la década de los 80 del pasado siglo, el narcotráfico comenzó a incursionar en Honduras. Pero, en la actualidad, el territorio hondureño, por ser un nudo geográfico de Centro América y por la condición de ser un Estado fallido, se ha convertido en un corredor estratégico para el transporte fluido del cargamento de la droga hacia el Norte.
En avionetas y submarinos llega el cargamento procedente de Sur América hacia la Mosquitia (Departamento de Gracias a Dios) y las costas del Caribe hondureño. De allí, el cargamento recorre en caravanas por los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque hacia su paso por Guatemala. Este narco corredor seco no es ningún secreto, ni para las autoridades estatales, ni mucho menos para la población. Es en este narco corredor donde ganan terreno al Estado nación ausente los mini narco estados emergentes.
La esposa de un jefe policial, en las proximidades de la frontera entre Honduras y Guatemala, en 2011, confiesa: “Yo sé que mi esposo no está involucrado en el narco tráfico, pero él me cuenta que cuando se anuncia que va a pasar el cargamento por el territorio de su jurisdicción, por órdenes de arriba, tiene que dar licencia a todo el personal a su cargo y tomar descanso”.
Mancomunidades de municipios del corredor de la droga son obligadas a pactar macro políticas locales para cooperar con el paso del cargamento. En 2011, un joven Alcalde del Municipio de La Labor, Ocotepeque, amaneció muerto a bala y machetazos por oponerse, en una reunión de alcaldes, a cooperar con el paso del cargamento hacia Guatemala.
En 2010, en el Municipio de Santa Rita, Copán, asesinaron con bazuca a un Diputado Nacional (quien se transportaba en un blindado), luego a su hermano. Nadie investigó nada, aunque el Estado ya gasta cerca del 10% de su presupuesto general en seguridad.
El actual Ministro de Educación, en mayo del 2012, ante la solicitud de la dirigencia magisterial para visitar el Departamento de Copán respondió: “Yo no entro a Copán. Ese Departamento se encuentra bajo el control de los narcos”. Y nunca vino. Mientras tanto, las plazas de educación, salud y puestos policiales son definidos por el narco poder que tiene todo bajo su dominio. Incluso el Cardenal de Honduras canceló su única visita pastoral a Copán en tres años “por motivos de seguridad”.
La materialización de un narco Estado en Honduras, en su expresión de gobierno local, es el Municipio de El Paraíso, Copán, en la zona occidental de Honduras. Allí, el Alcalde, quien ya lleva dos gestiones seguidas, popular por su involucramiento con el narcotráfico, construyó todo un feudo de narco municipio. Nadie entra ni sale del lugar sin antes presentar credenciales. Está prohíbo disentir o criticar. Mucho más exigir la rendición de cuentas.
El Alcalde es casi un misterio porque casi nadie lo ve. Construyó el edificio municipal como un búnker, con helipuerto en la azotea y medidas extremas de seguridad. Todos los funcionarios portan revólveres y exponen sus metralletas AK en las reuniones. El Alcalde distribuye de facto las plazas de educación, salud, seguridad, etc. Las autoridades nacionales y los sindicatos sólo miran y asienten impotentes.
Sería impreciso sostener que la licuefacción del aparente Estado nación hondureño es producto del narcotráfico. En 190 años de vida republicana Honduras no pudo cuajar como Estado, ni en su territorio, ni en el imaginario de su población, producto de las limitaciones intelectuales y morales de sus élites gestoras. En un Estado aparente o débil, y por la ubicación geográfica, el narcotráfico comenzó a ganar terreno (especialmente en los espacios abandonados por el Estado nación) hasta constituirse en narco estados emergentes desde los gobiernos locales.
Lo complicado de esta situación es que Honduras es ahora un territorio en guerra, donde se disputan espacios de poder los mini narco estados emergentes, acelerando con ello la violenta desintegración social y territorial del país. Pero también es importante indicar que la economía hondureña sobrevive gracias a los cientos de millones de dólares inyectados por el narcotráfico. De esta manera, la frontera entre lo lícito e ilícito se diluye juntamente con el Estado nación.
FUENTE: SERVINDI