A 9 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) las demandas por justicia, memoria y reparación de las víctimas parecen estar en espera o haber sufrido perjuicios, según la Defensoría del Pueblo. Eduardo Vega Luna, titular de esta institución, reconoció que los esfuerzos iniciales del Estado por atender a las víctimas civiles, policiales y militares, no han sido suficientes para que estas accedan a reparaciones integrales, oportunas y dignas.
En tal sentido pidió se modifique el D.S. Nº 051-2011- PCM, que establece el plazo de conclusión del proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del programa de reparaciones económicas y la oportunidad de otorgamiento de las mismas.
Este decreto tiene en sus disposiciones finales ciertos condicionamientos que la Defensoría pide revisar. “Dicha norma resulta cuestionable al haber dispuesto el cierre del Registro de Víctimas al 31 de diciembre del 2011 y al priorizar el otorgamiento de reparaciones económicas sólo en función a la edad de la víctima o su familiar. También nos preocupa que no se haya incrementado el monto de S/. 10,000.00 nuevos soles a 10 UITs, tal como lo propuso la propia Comisión de Alto Nivel en noviembre del año pasado”, señaló Vega Luna.
En materia de justicia, la adjunta para los Derechos Humanos y las personas con discapacidad de esta institución, Gisella Vignolo, señaló que hubo un retroceso tras dictarse el fallo a favor del Grupo Colina que, según ella, desconoció estándares internacionales en materia de derechos humanos obligatorios para el Estado peruano.
Añadió, en nota de prensa enviada a INFOREGIÓN, que es preocupante el estancamiento de las investigaciones sobre responsables de crímenes cometidos durante la época de terrorismo, pues no se cuenta con recursos económicos y logísticos suficientes. Motivo por el cual tampoco se ha implementado un plan de exhumaciones que permita la ubicación de los más de 15000 desaparecidos que nos dejó esa época.
Enfrentar la vuelta del terrorismo
El Defensor del Pueblo suma a estos problemas la actual presencia de grupos políticos, quienes apoyados sobre una base de jóvenes, piden la amnistía general para sentenciados por terrorismo, principalmente la liberación de Abimael Guzmán Reynoso.
“Este desconocimiento o indiferencia hace aún más urgente implementar cuanto antes un Plan de Educación en Derechos Humanos a nivel nacional, como parte de una política pública en la que todo el aparato estatal esté en la obligación jurídica y moral de contribuir. Por ello, exhorto a una lucha frontal contra el terrorismo evitando que la ideología del terror nuevamente se apodere de las aulas y de nuestra sociedad”, señaló.
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