El 6 de julio pasado, los medios de comunicación informaron con grandes titulares el rescate de 11 niños secuestrados y explotados por delincuentes terroristas en la selva central. Días después se supo con detalles la forma como habían sido captados y explotados.
Algunos fueron reclutados mediante la amenaza, otros mediante el engaño, les dijeron que solamente estarían con ellos durante tres días y ya llevaban más de 20 años, otros nacieron en el cautiverio producto de la esclavitud sexual de sus madres. Sin nombre y apellido, obligados a vivir en el monte. A crecer y luego ser separados de sus padres para ser convertidos en terroristas.
¿Víctimas de trata de personas?
El Protocolo de Palermo refiere que para “prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, la explotación incluirá como mínimo (…) explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud”.
En efecto, de acuerdo al Protocolo de Palermo, suscrito por el país, corresponde que se les brinde el tratamiento como víctimas de trata de personas. Que puedan gozar de todos los derechos que les corresponde y que se regula en la Ley 28950 y su Reglamento.
Cabe señalar que algunos de los adultos del grupo sufrieron la misma violación de derechos humanos y que se estarían quedando fuera de la protección del Estado, quizás porque mediáticamente no son rentables.
Algunas de las personas adultas rescatadas con ellos, están embarazadas, con problemas de hongos, desnutrición, no tienen formalmente identidad (DNI) y menos una familia a donde regresar. Otras después de años regresarán, pero ¿habrá una preocupación del Estado por insertarlas en condiciones adecuadas?
Lo cierto es que la política pública vuelve a enfrentar los mismos problemas de siempre: la realidad.
Los nuevos Reglamentos de Organización y Funciones de algunos sectores del Ejecutivo debieran tener en cuenta en su implementación a las personas afectadas o víctimas de esta situación. Tanto a las que aún siguen en manos de los grupos terroristas, como a las que han sido rescatadas. Hay una enorme responsabilidad del Estado.
Ahora que se discute el presupuesto público esperamos que impere el principio de realidad y que se asignen recursos para atender a las víctimas. Que la estrategia de presupuesto por resultados los alcance y que la teoría de la inclusión social se concrete en este grupo de personas.
Ser abusado y explotado permanentemente durante años y décadas sin duda ha dejado huellas imborrables en sus vidas. Ver morir a sus familiares, ser separado de sus hijos. Crecer en medio de la nada. No saber siquiera su apellido, no saber leer, escribir o comunicarse en la lengua de los otros. Están atrapados en un mundo que no comprenden, que tiene o retiene a sus hijos a quienes llaman “pioneritos”. Ese mundo que no tiene respuesta a muchas responsabilidades.
La respuesta en simple, llegó la hora de afrontar la realidad.