Autoridades del VRAE se comprometen a impulsar Registro Único de Víctimas de la violencia política

Con la participación de autoridades de la zona, representantes de los comités de gestión y de los presidentes distritales de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política-AFAVIVP, se llevó a cabo ayer el II Congreso de Víctimas de la Violencia Política en el Valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE.


 


Las autoridades presentes en la cita, entre ellos el presidente de la Asociación de Municipalidades del VRAE, Eduardo Urbano Méndez, se comprometieron a impulsar el Registro Único de Víctimas-RUV para lograr incluir al 100% de los afectados por  la violencia política de la zona.


 


En ese sentido, Jairo Rivas, representante del RUV, destacó que el 80% de lo avanzado hasta el momento en el VRAE se ha logrado gracias al trabajo y a la iniciativa de los dirigentes de las asociaciones de víctimas de la violencia política, quienes han conformado grupos de apoyo que han podido llegar a muchas comunidades. 


 


Identificación de desaparecidos y desplazados


No fue tan optimista el representante de la propia AFAVIP, Water Aguilar, quien adelantó que el Registro Único de Víctimas tendrá dificultades al momento de identificar a los desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente y desplazados en el VRAE. 


 


Si bien  resaltó el apoyo que los gobiernos regionales del VRAE brindan al Plan de Reparaciones Colectivas, pidió a las autoridades locales destinar parte de su presupuesto para intentar ubicar y consignar en el RUV a ese grueso sector de afectados por la violencia política. 


 


“Sabemos que los gobiernos regionales apoyan mucho el proceso, pero debemos completar el RUV en su totalidad, pues ninguna víctima debe quedar de lado y para ello se requiere de mayor presupuesto”, sostuvo Aguilar. 


 


Por su parte, Julián Berrocal, representante del Censo Por la Paz, aseguró que dentro de poco serán visitadas todas las zonas del VRAE afectadas por la violencia política, lo que servirá para elaborar una lista de comunidades que deben ser priorizadas ante el Plan de Reparaciones Colectivas que promueve el Estado.