Al conmemorarse hoy 10 años de la publicación de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega invocó al Estado a fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública en todos y cada uno de los ámbitos de la administración estatal.
Al hacer un balance de lo avanzado y las tareas pendientes en este ámbito, el funcionario resaltó que un importante aporte de esta ley es haber permitido comenzar a romper con la denominada “cultura del secreto”, expresada en la renuencia de algunos funcionarios públicos a proporcionar información sin una justificación válida. Asimismo destacó la puesta en marcha del portal de transparencia estándar que presenta información de interés general de manera accesible a la ciudadanía.
Vega declaró a INFOREGIÓN que ha resultado positivo que algunas instituciones hayan adoptado como política la creación y el fortalecimiento de sus portales institucionales, así como el uso de otras herramientas informáticas como Facebook, Twitter y blogs, para colocar información a disposición de los ciudadanos y ciudadanas.
“No obstante lo avanzado se advierte la necesidad de asegurar que la población conozca y utilice la norma, que se diseñe un sistema de capacitación permanente para funcionarios públicos a fin de que observen el principio de máxima publicidad y cumplan con justificar por escrito las razones por las cuales no se permite el acceso de determinada información, conforme a la jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia”, manifestó Vega.
En esa línea indicó que, durante el año 2011 la Defensoría del Pueblo recibió un total de mil 118 quejas por incumplimiento para acceder a solicitudes de información. En lo que va del presente año, se han registrado 665 quejas por este mismo concepto.
Los principales motivos que invocan las personas son el incumplimiento del plazo para entregar la información, el establecimiento de cobros ilegales y arbitrarios, la entrega de información incompleta y el incumplimiento del deber de designar funcionarios responsables.
Además, el Defensor del Pueblo resaltó la urgencia de revisar la normatividad en materia de destrucción, pérdida y reconstrucción del archivo documental como condición indispensable del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Por todas estas consideraciones, el Defensor del Pueblo reiteró la necesidad de crear una Autoridad Nacional autónoma, especializada e imparcial en materia de transparencia y acceso a la información pública. Ella estaría llamada a promover una cultura de la transparencia y de respeto al derecho de acceso a la información pública, capacitar y brindar apoyo técnico a los funcionarios públicos y promover los cambios normativos en la materia.
“Una Autoridad Nacional sería competente para resolver imparcialmente los conflictos entre la administración y los ciudadanos ante la negativa injustificada de entrega de la información, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos e imponer las sanciones cuando se justifique”, comentó.
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