La Procuraduría Pública en Materia Constitucional del ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentará este martes una demanda de amparo contra la sala judicial que preside el vocal supremo Javier Villa Stein por la sentencia que favorece a los miembros del grupo Colina, responsable de la matanza de Barrios Altos y de la universidad La Cantuta.
Así lo informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, quien señaló que en este proceso Villa Stein tendrá la oportunidad de explicar su singular posición, que es una posición estrictamente particular y no la que el Estado peruano ha venido sosteniendo en muchos casos, tanto en el Tribunal Constitucional, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El ministro agregó que el gobierno está “muy preocupado” con este fallo cuyo efecto es reducir las penas a los condenados por graves matanzas y violaciones a los derechos humanos, y que determina su inocencia respecto a delitos de lesa humanidad.
“Ha sido duro para el país recibir esta sentencia. El Perú, luego de todo lo que ha transitado en la lucha contra la corrupción y contra los crímenes de derechos humanos, no merecía recibirla”, manifestó.
Añadió que con la decisión de presentar el recurso de amparo, el Ejecutivo asume la representación de toda la población del país “que debe sentir que el Poder Judicial la protege y no al revés”.
Jurisprudencia
Como asesor jurídico del gobierno, Jiménez Mayor explicó que esta controvertida sentencia no se condice con la doctrina jurisprudencial peruana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En consecuencia, mencionó, considerar que los crímenes del grupo Colina no son delitos de lesa humanidad, como lo señala el fallo, representa “un lunar” dentro de todas las sentencias de la justicia peruana y de la Corte de San José, específicamente sobre los casos La Cantuta y Barrios Altos, calificados de ese modo por este tribunal internacional.
Como se recuerda, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia informó el viernes de la reducción de las condenas a los miembros del grupo Colina, ordenó la excarcelación de uno de ellos y determinó que no cometieron delitos de lesa humanidad.
Este fallo les permitiría acogerse a los beneficios penitenciarios para abandonar la cárcel más rápido, y favorecería al expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado como autor mediato de los crímenes del grupo Colina.
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