Integrantes de diversas organizaciones de afectados por la violencia política se entrevistaron con el gerente de desarrollo social del gobierno regional de Ayacucho, Hugo García Godos, para exigirle el cumplimiento de un memorial enviado a su despacho principios de febrero.
El petitorio exige la ejecución del plan regional de reparaciones, así como la creación de una oficina de registro de personas desaparecidas y otra para la promoción de los derechos humanos en la zona. Otra de las solicitudes tiene que ver con la asignación de una partida presupuestal para instalar el registro único de víctimas en Ayacucho.
Daniel Roca Sulca, responsable de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP) de Huanta, dio en nombre de tu entidad un plazo de dos meses al gobierno regional de Ayacucho para cumplir con las demandas del petitorio.
En respuesta, García Godos señaló que existe un proyecto piloto que se ejecutará en Huanta para realizar el registro único de víctimas a escala individual, cuya duración será de seis meses.
Autoridad pide trabajo coordinado
“Es mi responsabilidad solucionar esos temas y para eso necesito de la colaboración de las organizaciones de afectados por la violencia política porque conocen del problema. La formulación de los planes tiene que ser participativa”, sostuvo García Godos.
Acto seguido, dijo que el presupuesto para desarrollar los planes exigidos se encuentra plenamente asegurado y que los mismos se iniciarán en dos meses.
Finalmente, García Godos exhortó a los delegados de las organizaciones de víctimas de la violencia política que se adhieran al Consejo Regional de Reparaciones y Reconciliación de Ayacucho para coordinar mejor las acciones que puedan realizarse en el futuro.