La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, anunció que se han detectado 3,256 casos de incorrecta administración y cobros desproporcionados o ilegales en los diversos municipios de todo el país, justificándose en el ejercicio de la «autonomía municipal» por lo que planteó al Congreso la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades para precisar sus funciones y facultades con relación a los gobiernos regionales y el gobierno nacional.
El informe defensorial 133 «¿Uso o abuso de la autonomía municipal? El desafío del desarrollo local», revela la existencia de prácticas en los gobiernos locales que ponen de manifiesto deficiencias en la prestación de servicios administrativos a los ciudadanos usando como justificación la autonomía municipal.
Merino manifestó en conferencia de prensa brindada hoy, su contrariedad ante el hecho que en entre los años 2006 y 2007 se registraron 12 mil 696 investigaciones a las municipalidades a nivel nacional, de las cuales, 3 mil 256 eran por incumplimiento de plazos y cobros de tasas administrativas ilegales.
De este universo, 56 casos evidencias problemas paradigmáticos sobre inadecuado ejercicio de la autonomía municipal, relacionados con el incumplimiento de normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Tributación Municipal y la Ley de Procedimiento Administrativo General.
«Las obligaciones desatendidas por los municipios están relacionadas con la prestación de servicios municipales, el cobro de tasas, así como con el cumplimiento de funciones de fiscalización y control», sostuvo Beatriz Merino.
Agregó que esto «afecta los derechos de las personas, pone en cuestionamiento la idoneidad de algunos municipios para cumplir su papel de promotor de la economía, el desarrollo local y perjudica la legitimación del proceso de descentralización emprendido desde el año 2002».
Transferencia de gestión
La Defensoría del Pueblo efectuó, asimismo, una supervisión a 75 municipalidades provinciales y distritales del país, sobre los procesos de transferencia de gestión para el inicio de funciones de las autoridades electas para el período 2007-2010.
Encontró que en el 36% de éstas, las autoridades salientes no cumplieron con la entrega del inventario de bienes muebles e inmuebles, el 59% de Alcaldes salientes no proporcionó información sobre la ejecución de metas programadas y el 40% de las municipalidades no entregó la relación de normas municipales emitidas durante la gestión saliente.
Cabe señalar que las gestiones salientes dejan deudas por concepto de incumplimiento en el pago de remuneraciones (58%), aportaciones a EsSalud (76%) y aportaciones a las AFPs (76%). Un gran número de autoridades salientes no entregó la relación de expedientes administrativos (75%) o judiciales en trámite (46%), ni tampoco brindó información sobre los expedientes perdidos.
Recomendaciones
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo manifestó su respaldo a la ciudadanía afectada por la mala gestión de sus municipios y recordó a los municipios su obligación de ejercer su autonomía al servicio de la población, así como desarrollar sus competencias y funciones en el marco del ordenamiento jurídico estatal.
«La autonomía municipal no es absoluta. No es soberanía porque tal potestad corresponde al Estado en su conjunto. La autonomía municipal debe estar al servicio de la ciudadanía y no puede ser alegada para incumplir lo dispuesto por la Constitución», señaló la funcionaria.
Asimismo, Merino planteó al Congreso de la Republica «modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y las normas sobre la transferencia de la gestión municipal para precisar las funciones y facultades de los gobiernos locales con relación a las competencias compartidas con los gobiernos regionales y el gobierno nacional. También recomienda modificar la Ley de Tributación Municipal».
En cuanto a la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría recomendó reglamentar durante el primer semestre del año la organización y funcionamiento del Consejo de coordinación Intergubernamental, precisando sus responsabilidades, atribuciones y alcance de sus decisiones.
Sobre los hechos violentistas ocurridos en la semana pasada, la Defensora del Pueblo llamó a la ciudadanía a la calma y pidió que se abra investigación exhaustiva y transparente sobre los hechos para establecer las responsabilidades. Asimismo, señaló que los hechos de violencia no aportaron al desarrollo del país por lo que exhortó a retomar el camino del diálogo.
Respecto a la situación carcelaria del extraditado Alberto Fujimori, a quien se la sigue proceso por violación a los derechos humanos durante su gobierno, Merino refirió que las condiciones carcelarias son las adecuadas.