El 19 de junio de 2012, en la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, Jimmy Idrogo Bustamante, procurador de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, amenazó públicamente con querellar al periodista Alberto Pintado Villaverde, de Radio La Voz, y además corresponsal de CNR, Ideele, agencia Andina de Noticias y redactor del Semanario Marañón. La amenaza legal la extendió a la propietaria de la emisora, Doraliza Burgos de Flores.
Pintado Villaverde informó sobre una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía contra Idrogo Bustamante, relacionada con unos audios que lo involucrarían en presuntos actos de tráfico de influencias.
Los audios revelan un diálogo telefónico entre el procurador y una persona, supuesto intermediario de un local nocturno de funcionamiento ilegal. En la conversación se evidencian procedimientos administrativos irregulares y supuestos pagos o «coimas» a funcionarios, en el trámite para el otorgamiento de licencias de funcionamiento.
En el primer audio el intermediario conversa de forma irónica y procaz e intercede para que no se cierre el establecimiento nocturno. Increpa a la autoridad de intentar la clausura porque el propietario no le habría entregado el dinero que le pedía. El procurador responde: «no rinde, es pan que no baja».
En una segunda conversación, utilizando un lenguaje vulgar, el procurador le indica al mismo sujeto que nadie se acercó a él supuestamente para negociar e impedir el cierre del local tal como se convino en la primera conversación. Furioso amenaza con la clausura.
En el tercer audio Idrogo Bustamante refiere que fue alertado por un «amigo fiscal», de que querían «sembrarlo» y que había sido grabado, aceptando que el audio que escuchó corresponde a su voz.
El periodista confrontó la denuncia solicitando la versión del procurador. Éste en entrevista confirmó la existencia de los audios y que es su voz. Sin embargo -denuncia el periodista- la autoridad ha intentado desvirtuar los hechos amenazándoles con querellarlos acusándolos, además, de haber cometido el delito de violación al secreto de las comunicaciones.
«Se trata de un hecho evidente de corrupción que involucra a un funcionario en ejercicio, por lo tanto de interés público. Sus propias palabras son razones de peso para haber hecho pública esta denuncia», refirió el periodista.
En el 2011, el centro nocturno «El Cuchillo» no contaba con licencia municipal. Precisamente es este local por el que intercede la persona que conversa con el procurador en los audios. El establecimiento actualmente cuenta con licencia otorgada por el municipio y que ha sido observada por la Defensoría del Pueblo.
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