La democracia no garantiza la vigencia de las libertades de expresión e información. Es un hecho. Y casos hay a pastos para justificar el aserto. La arbitraria condena a los periodistas Juan Carlos Tafur y Roberto More –a dos años de prisión suspendida y al pago de 120 mil soles a favor de Antonio Ketín Vidal– es un reciente ejemplo que abona a la premisa.
No soy abogado, pero no hay que serlo para inferir que la sentencia del juez José R. Chávez Hernández, del 12º Juzgado Penal de Lima, es un mamarracho. La he leído completa. Y hasta releído. Y créanme. Es así. Se trata de un fallo abusivo y caprichoso, además de mal escrito y contradictorio, si no quedó claro. Un mamarracho de tomo y lomo, ya les dije.
No obstante, la cosa merece una puntualización. O varias. El veredicto culpabiliza a Tafur y a More por el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada. Pero en ningún momento da una explicación satisfactoria que justifique la sanción. Me refiero a una exposición de motivos racional y persuasiva e inteligente, claro. Porque si llamamos “explicación” a lo que ahí encontramos, bueno, qué quieren que les diga, que metan presos de una vez y para siempre a toda la prensa nacional. Y a la internacional, igual. Digo.
A ver si me explico. O si son capaces de replicarme. Uno de los pilares de la resolución punitiva esgrime que la publicación en cuestión “coincide con la fecha en que se especulaba periodísticamente que el hoy querellante sería nombrado ministro del Interior de acceder al gobierno el candidato Ollanta Humala” (sic). ¿?
Otra conclusión señala –y en negritas– que Diario16 “se subvenciona con la publicidad comercial (…) sin embargo (…) ese día no hubo avisos publicitarios”. ¿?
Más adelante se refiere a “frases formalmente injuriosas, insultos y vejaciones (…) que evidencian menosprecio”. Pero claro. Cuando uno va a la fuente de la discordia, que en este caso es una nota publicada el 12 de enero del 2011, pues qué creen. No aparece ni un solo adjetivo, sino asépticas referencias a un informe de la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, citas a trabajos de otros periodistas, menciones a la familiaridad entre Vladimiro Montesinos y Ketín Vidal y, por último, una anotación dejando constancia de que el periódico intentó comunicarse con Vidal. Ni un puñetero adjetivo faltoso, o sea. O ultrajante. Nada. Solamente se lee una nota periodística convencional, si acaso me preguntan.
Luego lanza otra de esas deducciones que ni a Holmes fumándose un porro se le habría ocurrido: “La información publicada podría ser cierta; sin embargo, la información no ha sido seguida por el diario. Únicamente se publicó una vez y en periodo electoral” (sic). ¿?
Y hay más, obvio. Sugiriendo “malicia” e “intención dolosa”, y pampiroladas de ese calibre, pero ya me tengo que descolgar de esta columna, les cuento con pena.
Como sea. Y a lo que voy. Lo único que evidencia esto es que no podemos permitir que el sistema judicial sea usado antojadizamente como un instrumento de silenciamiento contra la prensa. El periodismo no tiene patente de corso, lo hemos dicho mil veces acá y en otros sitios, pero los jueces tampoco. Aclarado este punto, solamente espero que este laudo sea anulado y termine en los sanitarios del juez Chávez, que es a donde pertenece. Pues eso.