El analista en temas de seguridad Rubén Vargas Céspedes se mostró extrañado por la celeridad de autoridades de Tingo María respecto a la liberación de un grupo de colombianos detenidos bajo sospecha de pertenecer a una mafia de narcotraficantes y adelantó que se habrían omitido algunas diligencias fundamentales en el proceso.
Si se han detenido a más de diez personas, entre peruanos y colombianos, bajo la sospecha de vinculaciones con la droga, deberían haber sido investigadas durante los quince días que señala la ley. Sin embargo, en un delito tan complejo y delicado como es el tráfico de drogas, la investigación al parecer duró unas horas, reflexionó.
«Por qué no se sometió a peritaje al vehículo para verificar si había rastros de cocaína, por qué no se solicitaron mayores explicaciones sobre los cinco mil dólares que estas personas tenían en su haber o es que acaso estaban haciendo turismo de aventura», fustigó.
Los colombianos fueron intervenidos en la zona de Aucayacu, conocida por ser un centro de producción de pasta básica de cocaína y con abundantes áreas de cultivo de hoja de coca ilegal.
Vargas también dijo que según varias fuentes, los extranjeros habrían pretendido sobornar a las autoridades policiales que los intervinieron, lo que configura el delito de corrupción activa de funcionarios, irregularidad que es castigada con penas de hasta cinco años de cárcel.
Si no había indicios de vinculaciones con el tráfico de drogas en esta sumarísima y rara investigación y si eran inocentes de todo, por qué entonces intentaron pagar por su libertad en el momento de la captura.
«El solo hecho de pretender sobornar a la autoridad debió abrir una investigación. Los órganos de control interno de la Policía Nacional y del Ministerio Público deben intervenir», puntualizó.