El lavado de activos es un riesgo para la gobernabilidad y debe ser enfrentado porque implica la infiltración del crimen organizado en la vida institucional del país, advirtió hoy la procuradora antidrogas, Sonia Medina, quien formuló estas expresiones tras participar en el IV Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Medina saludó que, frente a ese problema, se haya empezado a adoptar acciones más consistentes, a través de una nueva legislación, que permita perseguir el “blanqueo” de dinero de parte del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.
Sin embargo, refirió, se requieren esfuerzos mayores para evitar el avance del lavado de activos que, según estimados de autoridades, mueve unos 6 mil millones de dólares anuales.
La procuradora sostuvo que el peligro radica en el poder económico que ostentan las organizaciones criminales que buscan introducir los recursos obtenidos ilícitamente en el mercado formal, distorsionando en algunas zonas la actividad económica.
Señaló que es necesario proteger que el crecimiento económico que experimenta el país desde hace varios años, no se vea infiltrado por recursos de fuente ilícita.
Según dijo, el avance del lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, de la minería ilegal y otros delitos, ha sido “galopante” en los últimos años.
Por eso consideró necesario fortalecer la ley de Delitos de Lavado de Activos y Crimen Organizado ante algunos vacíos que aún existen y ampliar los tiempos para presentar elementos probatorios.
Explicó que muchas veces los procesos se tornan complejos por la gran cantidad de recursos, inmuebles y personas comprometidas en cada uno de los casos que se convierten en “mega-investigaciones”.