A fines de marzo un grupo de 18 congresistas norteamericanos envió una carta de candela a la Secretaria de Estado Hillary Clinton y al Secretario del Tesoro, Timothy Geithner. Les urgía no apoyar una denuncia que Doe Run Perú (DRP) tramaba plantear contra nuestro país ante el CIADI*.
Los congresistas le recordaban especialmente a Clinton los antecedentes nefastos del Grupo RENCO (la matriz de DRP) dentro del propio Estados Unidos, y lo perjudicial que resultaría en todo Latinoamérica que el gobierno se alineara tras semejante empresa.
EPA (Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU.) había multado reiteradamente a RENCO por practicas indebidas, situación que inclusive llevó a cierres de su planta US Magnesium en Utah por envenenar con residuos cancerígenos el Salt Lake, el lago que da su nombre a la capital del estado.
A PESAR DE TODO
Sin embargo, como para neutralizar esos antecedentes, Ira L. Rennert, el megamillonario dueño único de RENCO, aportaba y aporta mucho dinero al cabildeo en el Congreso de Washington y es un fuerte donante a campañas electorales.
Sunlight Foundation, ONG que monitorea al Congreso norteamericano, le calcula aportes recientes de US$ 600,000 y la contratación de 5 ex funcionarios gubernamentales en los últimos tres meses para empujar su posición frente al Perú.
EL COMUNICADO
Sin embargo, ahora hay indicios que la ofensiva parlamentaria en Washington del Grupo RENCO está perdiendo fuerza. Un comunicado de DRP publicado en todos los diarios de Lima este martes es una señal.
Presenta un “nuevo plan de reestructuración” en el que parece ceder posiciones para reabrir el complejo metalúrgico La Oroya (clausurado hace 40 meses por la propia empresa como medida de coacción), pero su condición principal sigue siendo la misma: otra extensión del programa de mejoramiento ambiental (PAMA), con lo que el Estado quedaría enganchado años más y también miles de pulmones serranos.
CONSEJO DE EMERGENCIA
Ese anuncio parece ser un derivado del consejo de emergencia al que Rennert convocó la semana pasada en sus oficinas en Nueva York a servidores peruanos.
Allá viajaron Juan Carlos Huyhua, el gerente de DRP, acompañado de dos ejecutivos, Jorge Muñiz, cabeza de su estudio de abogados en Lima**, y el ‘lobbista’ peruano José Picasso. Presente estaba también Dennis Sadlowsky, el vicepresidente en temas legales del Grupo.
Rennert, además, trató de invitar a Nueva York a José Merino Tafur, el ministro de Energía y Minas (MEM), pero éste no contestó cuatro llamados telefónicos.
Era lo que correspondía. Rennert cree que es el centro del mundo. Eso es quizás comprensible.
Mientras algunas de sus empresas quiebran, él sigue aumentando una fortuna personal que supera los US$ 5,300 millones.
CONSUMIDOR CONSPICUO Y RENUENTE
Como consumidor conspicuo Rennert escandaliza incluso en su país a muchos y no solo a Michael Moore (ver CARETAS 2231).
Una versión humorística dice que dotó de patines a los reclutados peruanos para recorrer su mansión en Long Island, que tiene 39 baños y costó unos US$ 250 millones.
Lo más probable, sin embargo, es que mantuviera a sus visitantes cholos a buena distancia incluso de los baños de servicio de lo que es considerada la residencia privada más grande de los Estados Unidos.
En ese enrarecido ambiente es lógico que Rennert se haya negado a acudir a dos citaciones del 39º Juzgado Penal de Lima, donde nuestra Fiscalía lo ha denunciado por quiebra fraudulenta y otros delitos.
La huelga judicial de estos días ha demorado un pronunciamiento de la 5a Sala Superior Penal, ante la que Rennert ha apelado para no tener que viajar a este contaminado país.
Sin embargo, es de suponer que los magistrados Denise Baca Cabrera, Nancy Eyzaguirre Gárate y José De Vinatea se pronunciarán a favor del Juzgado para que se cumpla con la ley peruana y los convenios internacionales.
Una citación no es una condena, pero si no acude será un prófugo de la justicia.
DENUNCIA SOBRE COBRIZA
Otro tema que debe preocupar a Rennert y su Grupo RENCO es la reunión que se realizó este 9 en la Cámara de Comercio de Lima de la Junta de Acreedores de DRP con los trabajadores de La Oroya y la mina Cobriza.
DRP había amenazado en marzo por escrito cerrar Cobriza hacia fines de mayo alegando que habría un flujo económico negativo a partir de este mes.
En la reunión, sin embargo, estaban Luis Castillo, el Secretario General de la Federación Minera, y Amid Yangali, su contraparte en Cobriza, y ambos hicieron una denuncia muy seria.
El anuncio de DRP no era confiable, dijeron, porque la producción de la mina estaba en aumento. Además, no se había detectado un bajón en el flujo de caja, el precio del mineral seguía muy alto y los traders Transamine y Nexxtrade tenían compradas entre 10,000 y 20,000 toneladas de concentrados cada uno.
En otras palabras, DRP estaba generando una crisis artificial en la que los trabajadores saldrían perjudicados.
La amenaza se sumaba a una maniobra que no pocos interpretaban como otra extorsión.
VUELCO LABORAL
Mientras tanto, en la reunión con la Junta de Acreedores que presidió Diego Calmet y que incluyó a los representantes de las empresas mineras acreedoras, del MEM, de Osinergmin y la SUNAT, quedó claro que en el Convenio de Liquidación de DRP se respetarían todos los beneficios y derechos de los trabajadores y se les mantendría en planilla.
La dirigencia laboral de CMLA (La Oroya), hasta entonces renuente, pidió incorporarse al Convenio.
Si a la situación ante la justicia peruana se suma el vuelco en las relaciones laborales, la denuncia sobre el cierre de Cobriza y la mala fama que tiene el Grupo RENCO en su propio país, no es de extrañar que ahora Rennert está haciendo ejercicios públicos de flexibilidad aparente.
Junto al comunicado envió a Lima a Sadlowski, pero éste, al cierre de esta edición, no había sido recibido por el ministro.
LA JUNTA Y LOS NIÑOS
Es que la Junta de Acreedores de Metaloroya/DRP citada por Indecopi se viene para los días 22 y 25, y parece consolidarse definitivamente la idea que es necesario librarse de este experto en ‘junk bonds’ (bonos basura) y otros detritos, además de maromas financieras.
El Grupo RENCO firmó un contrato hace 14 años que incluía limpiar la operación en La Oroya, pero ahora que está claro que no invirtió un centavo fresco en esa tarea, hay unos niños contaminados con plomo (todos menores de 14 años) que esperan desde 2007 reparaciones ante un tribunal en Missouri.
Esa denuncia fue planteada por un grupo de abogados locales, pero ahora el Estado peruano ha contratado los servicios de White & Case LLP International, un estudio peso pesado.
Lo de Missouri es un caso aparte, pero como bien sabe Rennert (y la industria tabacalera), en la judicialización de la salud no se juega en Estados Unidos.
Y a la Secretaria Clinton no le debe hacer ninguna gracia que se le abra otro frente latinoamericano en su recargada agenda gracias a las maniobras de un personaje como Rennert.
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*Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
**Muñiz, Ramírez, Pérez-Taíman & Olaya Abogados.
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