Entre marzo del 2011 y marzo de 2012, los conflictos socioambientales se han incrementado en el Perú y pasaron de 93 casos a 117, convirtiéndose así en el tipo de conflicto más frecuente y más complejo de abordar, según una última alerta de la Defensoría del Pueblo. Los departamentos de Cusco, Puno y Ancash registran el mayor número de conflictos de esta naturaleza.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, dijo que además del fortalecimiento de la capacidad en el análisis y la organización de los procesos de diálogo, se requiere tomar medidas tendientes a avanzar en temas como la gestión, evaluación y fiscalización ambiental, en particular la forma cómo se elaboran y aprueban los estudios de impacto ambiental.
“Igualmente, se necesita debatir y aprobar una ley marco de ordenamiento territorial y preparar al Estado para una adecuada aplicación de la ley del derecho de consulta previa”, indicó.
Por su parte, Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales, explicó que la Defensoría monitorea e interviene sistemáticamente en la conflictividad social, dentro del marco de sus atribuciones, desde hace ocho años y ha hecho planteamientos muy concretos respecto a los conflictos socioambientales en su Informe Extraordinario Nº 2.
Acciones necesarias
La Defensoría del Pueblo considera que el Estado debe impulsar una mayor articulación entre las entidades de la administración pública que tienen competencias legales para intervenir y generar respuestas técnicas a los problemas y las oficinas de gestión de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los ministerios.
Esta coordinación debe alcanzar a los gobiernos regionales y locales, estableciendo mecanismos permanentes para analizar y atender las demandas sociales, así como para canalizar pedidos que requieran de un debate mayor a nivel del Congreso de la República o de la PCM.
También es indispensable combinar la atención en el corto plazo de los casos concretos -en base a estrategias preventivas basadas en el diálogo colaborativo- y, a la vez, avanzar en reformas que permitan modificar el contexto en el que surgen los conflictos sociales. Eso implica introducir reformas en las políticas públicas y en los marcos normativos.