El abogado Jimpson Dávila, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), enfatizó que la masificación del gas para la macroregión sur debe necesariamente ser una masificación sostenible, que respete el ambiente, los derechos de las poblaciones y que, sobre todo, sea el promotor del desarrollo local.
Explicó que actualmente en la cuenca del Bajo Urubamba existen cuatro lotes de hidrocarburos, dos ductos y cuatro proyectos más de ductos, lo que implica actividades dentro de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros (RTKNN) y la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu.
“Este boom hidrocarburífero exige una nueva estrategia socioambiental que incluya un Plan de Ordenamiento Territorial, que compatibilice los distintos usos productivos y potencialidades de la cuenca; una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que prevenga y mitigue los impactos generados por todas estas actividades en su conjunto; y la creación de un seguro ambiental que compense la naturaleza dañada con más naturaleza”, indicó.
Agregó que, dada la envergadura de los proyectos de hidrocarburos en el Bajo Urubamba, se debe diseñar un Programa de Desarrollo y Mitigación de Impactos Directos e Indirectos en la cuenca del Urubamba.
“Este programa debe orientarse a proteger los derechos de los pueblos indígenas e impulsar su desarrollo, mitigar los impactos socio ambientales de las actividades de hidrocarburos, mejorar la gobernabilidad en el área e impulsar el desarrollo local”, afirmó.
Agregó que este plan debe necesariamente fortalecer las medidas de fiscalización, sanción y control de ingresos a la RTKNN, implementando adecuadamente su plan de protección y asegurando la presentación de servicios básicos compatibles a estas poblaciones.
Dávila formuló hizo estas apreciaciones durante el Foro Público “El Gas de Camisea: Hacia el desarrollo sostenible y energético de la región Cusco” realizado en la ciudad imperial, que forma parte de la campaña “Ven Gas al Sur”, lanzada el pasado 12 de abril.
La campaña es una iniciativa de DAR y el Gobierno Regional del Cusco, y cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario del Cusco, el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), REMUR Cusco, Arariwa, el Centro Bartolomé de las Casas, CCAIJO y el Comité de Lucha de La Convención.