1,000 chalecos antibalas repartidos a los comandos del Ejército que ponen el pecho en el VRAE son inservibles. El pasado miércoles 14 de marzo, un oficio firmado por el ministro de Defensa Luis Alberto Otárola cayó como una bomba sobre el escritorio del jefe del Ejército, general de división Víctor Ripalda Ganoza.
En el documento, etiquetado como “muy urgente”, Otárola le ordenó a Ripalda realizar las coordinaciones para retirar inmediatamente un lote de 1,000 chalecos antibalas que habían sido distribuidos en las bases más importantes del Valle de los Ríos Apurímac Ene (VRAE) “porque estarían poniendo en riesgo la salud y vida del personal militar del Comando Especial VRAE”.
La alarma de Otárola era fundada: esos chalecos fueron entregados en agosto del año pasado a los comandos y oficiales del Ejército para protegerse de los francotiradores terroristas en la selva del VRAE, pero en realidad sucedería lo contrario.
Los chalecos carecían de las placas antibalas de acero, necesarias para mitigar el impacto de los proyectiles, y ahora se investiga si aquello ocasionó la muerte de algunos de los militares que los usaron durante recientes operaciones de patrullaje, según fuentes castrenses de alto nivel.
Se trata de una gravísima negligencia que compromete a la cúpula del Ejército y que representa una pieza del negro rompecabezas del fracaso en la lucha contra el narcoterrorismo y el lamentable saldo de militares muertos en el VRAE.
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