El 17 de febrero del año 2011 la Corte Superior de Justicia de La Libertad sentenció por 35 años de prisión a Antonio Esteban Horna Zapatell por los delitos de Trata de Personas y Violación de la Libertad Sexual (Expediente Nº 4385-2009-79-1601-JR-PE).
Dicha sentencia marcó el precedente más importante en la penalización de este delito en el país y probablemente en el continente.
La víctima, una adolescente, privada de la libertad en un parque de la provincia de Virú, fue violada y luego «comercializada» sexualmente en Lima, Lambayeque y Trujillo.
El autor, que actualmente purga condena en el penal del Milagro, pensó que aquella adolescente nunca se atrevería a denunciar los hechos y menos inculparlo. El temor que había desarrollado en ella, le daba la seguridad de que nada pasaría. Se había dado el lujo de llevarla hasta en dos oportunidades a su propio domicilio y esperarla fuera bajo la amenaza de que en caso le dijera algo a sus padres, él mismo entraría a matarlos a todos.
El caso, estaba prácticamente perdido «archivado» en una fiscalía del Callao. La adolescente había sido rescatada de un burdel y considerada como una adolescente en riesgo por abandono, cuando era una víctima de un delito grave.
Construir el caso, requirió mucho esfuerzo por parte de las Fiscalía. Había sido inicialmente reportada como desaparecida pero no figuraba en el registro de denuncias de la PNP. Por error la habían registrado solamente como una ocurrencia. Fue necesario buscar uno por uno los registros de ocurrencias para constatar que en efecto fue dada por desaparecida. A partir de ese momento se empezó a construir el caso.
Sin embargo, 14 meses después de la confirmación de la sentencia de primera instancia y no obstante la simbólica reparación civil de doce mil nuevos soles, no podemos afirmar que nuestra víctima recibió la atención que necesitaba. Nadie a ciencia cierta sabe su actual paradero, ni menos si dejo atrás las pesadillas o el temor de salir a la calle. ¿Podemos pensar al menos que un servicio público la contactó para ofrecerle ayuda?
Durante el tiempo que tomó la denuncia y la sentencia, se aprobaron diversos dispositivos para penalizar el delito e implementar políticas públicas, sin embargo ¿cuál de ellas logró ayudarla a resolver sus miedos y necesidades?
En el año 2011 atendimos en el Centro de CHS Alternativo a 38 víctimas de Trata de Personas, 23 de ellas menores de edad. Todas mujeres.
7 de ellas requerían retornar con urgencia a sus lugares de origen, tanto por problemas de salud como de seguridad, 11 necesitaron atención psicológica de crisis y 8 asistencia legal para acceder a la justicia.
En los dos años que lleva este Centro ha derivado a gran parte de las víctimas a los servicios públicos. Algunas de ellas han preferido el silencio, esperando que el tiempo cure sus heridas.
Sin embargo, ¿cuántas realmente acceden a los servicios públicos?… Veamos, es común en las víctimas de explotación sexual, encontrar testimonios de la forma como eran llevadas a establecimientos públicos de salud, para obtener el carnet de sanidad o recibir información de planificación familiar y profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual. Costos que además eran trasladados a ellas, incrementando su deuda. Pero ¿no es común que estos servicios denuncien estos casos?. Al contrario el silencio es prácticamente la regla.
En el caso mencionado al inicio, la víctima se encontraba en un prostíbulo autorizado en el Callao. ¿Acaso nadie supervisó este lugar? Fue necesario un parroquiano o usuario para salvarle la vida. ¿Pero cuántas realmente escapan?… Muy pocas.
Las cifras oficiales enmascaran una realidad cuya magnitud se devela a diario y es más que el ícono que representa hoy Madre de Dios. Donde nadie, ni siquiera la mediática ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, logra rescatar a las cientos de víctimas, varones y mujeres. ¿Es más sencillo lidiar con la minería ilegal, que con las mamis de los «prostibares» o los enganchadores?.
Basta viajar por la selva central (VRAE) para constatar la desprotección absoluta de cientos de adolescentes en bares, cantinas y mochileros en medio del narcotráfico, del terrorismo y de la propia población que hace uso de ellos. Darse una vuelta por la hermosa Piura o la zona de la triple frontera en Caballococha (Loreto) es retroceder al «viejo oeste» donde la vida no vale nada, y menos la de las víctimas de Trata de Personas, donde puedes comprar a un ser humano aunque parezca increíble.
¿La justicia tarda pero llega?
¿Realmente llega? es la pregunta. El caso «Bar la Noche» puede convertirse en breve (5 de junio 2012) en el punto de inflexión de la justicia en el país.
1 000 días sin justicia para quien estuvo cerca de 3 años encerrada es mucho más que eso. Es la prolongación del dolor. Pero es también para la sociedad, una muestra de lo que no debemos dejar que pase: LA IMPUNIDAD.