Las cifras que genera la minería ilegal en nuestro país son preocupantes. Según datos proporcionados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, esta actividad ilícita mueve cada año cerca de US$2.000 millones, su evasión de impuestos al fisco asciende a unos US$600 millones y “emplea” a más de 450.000 personas.
El gremio empresarial sostiene también que la minería ilegal fomenta otros problemas como la explotación y trata de personas, depredación del medioambiente, corrupción, entre asuntos.
Según señala un medio local, las principales zonas del país donde esta actividad registra su estado más crítico son: Madre de Dios, Piura, Puno, Cajamarca, La Libertad y Lima (Canta y Carabayllo).
En opinión de Rubén Vargas, especialista en temas de seguridad, los personajes que financian la minería ilegal mantiene un vínculo estrecho con el narcotráfico dado que esta actividad sirve para el lavado de activos.