Caretas siempre recibe de buena fe a los gobernantes elegidos por el voto popular y evalúa con tolerante comprensión su periodo de asentamiento inicial.
Los medios informativos, sin embargo,tenemos la obligación de advertir ocurrencias problemáticas, y esta semana aparece una de tamaño mayor.
Sucede que uno de los principales procesados del caso de lavado de activos más importante de la historia del país, vinculado además al tráfico de drogas, acaba de circular el contenido de un dictamen judicial considerado reservado al cierre de esta edición.
El dictamen, emitido presuntamente por una fiscal adjunta que recién recibió el voluminoso expediente hace quince días, habría establecido que no hay lugar a juicio oral de los procesados y solicita archivar definitivamente el asunto.
En nuestro Poder Judicial se conoce ese tipo de operaciones ad hoc para condenar o exonerar, vara de por medio, expeditivamente
Todo llamado al despacho de la fiscal para confirmar la sorprendente noticia se estrelló el lunes con una muralla de reserva.
Es decir, el procesado habría tenido acceso privilegiado a tan candente información.
El tema se complica políticamente porque el abogado principal del grupo investigado es el padre del asesor jurídico del Presidente de la República.
Más aún, padre e hijo jurisconsultos estuvieron en Ica el año pasado cuando una balacera entre los elementos de la seguridad de miembros de la misma familia en disputa dejó tres muertos en la vía pública.
La idea de que Ica podría convertirse en un conato de Ciudad Juárez se acrecienta cuando el fiscal en ese caso, en contraste con la fiscal del mega-proceso de lavado de activos, aún no ha emitido dictamen sobre la sangre derramada.
El Presidente de la República, en otras palabras, debiera impedir que la cercanía de Eduardo Roy Gates termine beneficiando a los clientes de su padre, Luis Eduardo Roy Freyre, y perjudicando su imagen.
Con un cortocircuito de intereses como este se afianzan los narco-estados y en el Perú, donde ahora mueren heroicos militares en el VRAE y policías valiosos han venido trabajando para desentrañar grandes entuertos, un mandatario que sale de las filas castrenses es el que menos puede permitirlo.
Echar tierra sobre una investigación que ha durado cuatro años y negar los esclarecimientos finales de un juicio oral es imperdonable.