Congresista de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología cuestionaron los informes presentados por OSINERGMIN, OEFA y la empresa Transportadora de Gas del Perú respecto al derrame de gas líquido que habría producido daños ecológicos en el sector donde se ubica la reserva comunal Machiguenga, en el cruce de los ríos Parotori, Yotsiva y Poyentimari en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, Cusco.
Según los informes presentados por el gerente de Fiscalización del Gas Natural de OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), Leoncio Salvador; el presidente ejecutivo de OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), Mikelo Heredia; y el gerente de Seguridad, Ambiente y Salud de TgP, Virgilio Panduro, no se encontró presencia de gas líquido en los ríos que discurren por la zona.
Ellos fueron citados el martes 3 por el grupo de trabajo que preside el congresista Antonio Medina Ortiz (GPF), para informar sobre el incidente ocurrido el lunes 12 de marzo.
En esa ocasión la firma concesionaria notificó del hecho a las autoridades locales, regionales y del Ministerio de Energía y Minas, e instaló puestos de control y de monitoreo de aguas arriba y abajo para detectar presencia de hidrocarburo en las aguas, con resultados negativos.
Sin embargo, un informe del Consejo Machiguenga del río Urubamba, que jefatura Rubén Minari Pinarrea, un grupo de nativos encontró cadáveres de peces y camarones en el río Parotori, como consecuencia de su contaminación por el derrame de gas, cerca del denominado KP 56+346 (kilómetro 56 del gasoducto que parte de la planta Malvinas de Camisea.
A su vez, Elena Ascarza Quispe, representante de La Convención y consejera regional del Cusco, se mostró sorprendida por los comentarios de los expositores que la antecedieron y denunció que hasta la fecha no ha recibido los informes de los análisis que se habrían realizado en el lugar del derrame.
Afirmó que el accidente es una consecuencia de las deficiencias denunciadas en la construcción del gasoducto, que ha ocasionado la desaparición de primates, loros y guacamayos que habitaban en la zona, así como de otros animales que servían de alimento a los pobladores, quienes ahora deben internarse en la selva durante diez días para encontrar siquiera a un sajino u otro animal para alimentarse.
El primer congresista en cuestionar a los funcionarios de OEFA y OSINERGMIN fue Eduardo Nayap Kinin (NGP), quien afirmó que era una falta de respeto al Congreso querer sorprenderlo con informes, según los cuales nada habría ocurrido y retó a los funcionarios y autoridades a beber de las aguas de los ríos que habrían sido afectados, si ellos consideran que siguen cristalinas como antes.
“¿Cómo explicar los animales muertos… por qué no hay sanción?”, se preguntó sin hallar respuesta.
A las objeciones se sumó el legislador Mesías Guevara Amasifuén (AP) para quien los funcionarios de OSINERGMIN y OEFA no estarían cumpliendo con su deber, pues ni siquiera han multado a la empresa TgP y propuso organizar una mesa de trabajo con sus máximos representantes para esclarecer las denuncias y determinar si la instalación de las tuberías cumple con las exigencias técnicas establecidas.
En similares términos se pronunció la legisladora Claudia Coari Mamani (NGP).
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